El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como imputada corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El magistrado ha fijado una nueva fecha para su declaración para el 19 de julio. El motivo del aplazamiento radica en que no estaba notificada la querella que también ha presentado contra ella la asociación ultracatólica HazteOir, informan fuentes jurídicas.
Antonio Camacho, abogado de la esposa del presidente del Gobierno, ha afirmado que Gómez “no tenía ninguna duda en que quería colaborar, venía dispuesta a que, si el juez aclaraba cuáles eran los hechos objeto de investigación, declarar”. El juzgado, ha dicho el letrado, “No ha sorprendido nuevamente” al haber informado una querella “que no se nos había notificado”. Ha afirmado también que intentará que la testifical del rector de la Complutense, prevista para dentro de un par de horas, tampoco se celebre hoy.
Peinado citó a Begoña Gómez el pasado 4 de junio pese a que todavía tenía pendiente la declaración de diez testigos y con un informe de la Guardia Civil que concluía que no había indicios de delito. El juez había abierto la causa a partir de una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa y la citación de la esposa de Pedro Sánchez se produjo en la última semana de la campaña electoral para las elecciones europeas.
Una vez abrió la causa, la Fiscalía solicitó su archivo en un recurso que presentó ante la Audiencia de Madrid, la instancia superior al juez. En su respuesta, los jueces de la Audiencia Provincial apreciaron indicios suficientes como para investigar la concesión de tres contratos a una UTE integrada por una sociedad de Juan Carlos Barrabés.
El empresario había compartido una cátedra con Gómez en la Universidad Complutense. Después obtuvo contratos públicos en pandemia que, en dos ocasiones, adjuntaban una carta-tipo de recomendación que firmaba la esposa del presidente del Gobierno en calidad de directora de un máster. Innova, la empresa de Barrabés, también consiguió contratos de, por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid con una recomendación firmada por su gerente, que a diferencia de Gómez no está investigada. Esos contratos, objeto de la denuncia de Manos Limpias, se materializaron con fondos europeos, por lo que el juez ha tenido que aceptar el requerimiento de la Fiscalía europea para encargarse de la investigación.
El resto de la denuncia de Manos Limpias aludía a las informaciones sobre la supuesta influencia de Gómez en el rescate de Air Europa, pero la Audiencia de Madrid ya estableció que se trataban de “conjeturas”. En este contexto, la defensa de Gómez comenzó a preguntar al juez cuál era el motivo por el que alargaba la instrucción.
El juez dictó un auto el pasado lunes en respuesta al requerimiento de información de la investigada y en él advirtió de que iba a investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial [de Manos Limpias]”, con excepción de los que ya investiga la Fiscalía europea.
La denuncia del pseudo sindicato ultraderechista se basaba en siete informaciones de varios medios y un bulo de The Objective. En algunas de esas informaciones se aludía los contratos de la empresa de Barrabés, si bien el tronco central de las mismas aludía a las cartas firmadas por Gómez.
Los contratos que supuestamente investiga ahora Peinado, y para los que ha pedido informes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), son seis expedientes de contratos con Innova, la sociedad de Barrabés. El juez abrió una causa por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, pero ninguna de las propuestas para estos contratos contó con la incorporacion de una carta firmada por Gómez, a diferencia de los que investiga la Fiscalía europea.
Por otra parte, y pese a que la Audiencia Provincial descartó la investigación por el rescate de Air Europa, Peinado ha requerido igualmente información a la Sociedad Estatatal de Participaciones Industriales (SEPI) el expediente de las ayudas otorgadas a la aerolínea del grupo Globalia. Según fuentes jurídicas, el juez todavía no tiene en su poder esos expedientes, lo que no ha evitado que siga adelante con el interrogatorio a Begoña Gómez.
