La ausencia de Jorge Simoes Barata en los juicios del caso Lava Jato afectará la actividad probatoria del Ministerio Público dado que este personaje aparece como el principal testigo de la acusación sobre los presuntos pagos a funcionarios públicos y aportes de campaña electoral por parte de la constructora brasileña Odebrecht, hoy Novonor, advierten juristas y fuentes judiciales.
A pedido de la fiscalía, el 21 de junio, la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Margarita Salcedo revocó el Acuerdo de Colaboración Eficaz que el Equipo Especial del caso Lava Jato firmó con Barata en febrero de 2019, en el consulado peruano en Sao Paulo, Brasil.
La jueza tomó esta decisión, luego que por los aportes al Partido Nacionalista Peruano.
Para minimizar la ausencia de Jorge Barata, los fiscales presentarán las transcripciones y/o videos de las declaraciones que el ex directivo de Odebrecht ofreció en la etapa de investigación. Eso es lo que hizo el fiscal Germán Juárez Atoche en el juicio contra Humala y Nadine Heredia. Sin embargo, eso no sería suficiente.
. En el caso Humala, los directivos de Odebrecht adujeron que no se presentaban a declarar por una sentencia de los tribunales brasileños por presuntos errores en el procedimiento de colaboración judicial internacional entre el Grupo de Tarea de Lava Jato en Brasil y las autoridades peruanas.
Es decir, querían declarar pero había un impedimento legal en Brasil, lo que justifica legalmente reemplazar el testimonio presencial por la lectura de la declaración escrita previa.
A partir de la revocatoria del acuerdo de colaboración y los beneficios, , dicen las fuentes judiciales.
El 3 de julio último, en la audiencia del juicio del caso Alpha Consult, el abogado brasileño Carlos Kauffman se presentó ante los jueces del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional para informar que Barata no declarará al haberse revocado el acuerdo de colaboración eficaz.
Kauffman explicó que Barata ya no tiene ninguna obligación con las autoridades peruanas y tampoco tiene, dijo, garantías procesales de que su declaración no sea utilizada en su contra.
Esto, teniendo en cuenta que al revocarse la colaboración eficaz, el ex superintendente de Odebrecht Perú pasará a la condición de investigado y co-acusado en los hechos y delitos que se están juzgado. . Entonces, prefiere guardar silencio.
Al respecto, el abogado Julio Espinoza Goyena recuerda que el artículo 481.1 del Código Procesal Penal señala que "si el acuerdo de colaboración y beneficios es denegado por el fiscal o desaprobado por el Juez, las diversas declaraciones formuladas por el colaboradores se tendrán como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra".
Espinoza Goyena considera que denegar y desaprobar es igual a revocar el acuerdo de colaboración eficaz. Entonces, ¿si la declaración de Jorge Barata ya no existe legalmente cómo puede ser incluida como prueba en un juicio público? ¿Cómo una declaración legalmente inexistente puede reemplazar el testimonio personal ante los jueces?
Así, la fiscalía no solo tendrá que justificar por qué tiene que acudir a la declaración escrita previa, sino cuál es la base legal que le permite utilizar una declaración previa ahora que se ha revocado el acuerdo de colaboración eficaz.
Pero, la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz y beneficios y la negativa de Barata a declarar abre la posibilidad para que otros funcionarios o ex directivos de Odebrecht también se nieguen a declarar.
Además, en el juicio del caso cócteles, el exministro Jaime Yoshiyama ya logró una sentencia en Brasil, similar a la que se dio en el caso Humala que neutralizó las declaraciones de los ex funcionarios de Odebrecht.
El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli decretó la inutilidad, según el ordenamiento jurídico brasileño, de las pruebas obtenidas de los Sistemas Drousys y My Web Day B que el Grupo de Tarea de Lava Jato compartió con los fiscales peruanos.
Los testimonios presenciales de los ex directivos de Odebrecht podrían haber permitido saltar las resoluciones de la justicia brasileña, pero esto ya no será posible. Este nuevo panorama complicaría probar el origen ilícito de los fondos que la constructora brasileña entregó a Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Además, de otros pagos en otros procesos.
