El juez Juan Carlos Peinado ha logrado sortear todos los requisitos que impone la ley y la esposa del presidente del Gobierno se sentará finalmente este viernes frente a él como investigada. La defensa de Begoña Gómez ha reiterado al juez su petición de que le informe de cuál es el objeto de sus pesquisas, una vez que la Audiencia Provincial de Madrid limitó la instrucción a unos contratos públicos que ya son competencia de la Fiscalía europea. La única respuesta que ha obtenido del magistrado que no se somete a interpretación es en la que asegura que Gómez conocerá por qué se la investiga al inicio de su comparecencia.
Peinado citó a Begoña Gómez el pasado 4 de junio, cinco días antes de las elecciones europeas, pese a que todavía tenía pendiente la declaración de diez testigos y con un informe de la Guardia Civil que concluía que no había indicios de delito. El juez había abierto la causa a partir de una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa y la citación de la esposa de Pedro Sánchez se produjo en la última semana de la campaña electoral.
Los escritos del juez dan una pista de por dónde pretende alargar las pesquisas. Una vez abrió la causa, la Fiscalía solicitó su archivo en un recurso que presentó ante la Audiencia de Madrid, la instancia superior al juez. En su respuesta, los jueces de la Audiencia Provincial apreciaron indicios suficientes como para investigar la concesión de tres contratos a una UTE integrada por una sociedad de Juan Carlos Barrabés.
El empresario había compartido una cátedra con Gómez en la Universidad Complutense. Después obtuvo contratos públicos en pandemia que, en dos ocasiones, adjuntaban una carta-tipo de recomendación que firmaba la esposa del presidente del Gobierno en calidad de directora de un máster, similar a la que habían mandado una treintena de entidades públicas y privadas. Innova, la empresa de Barrabés, también consiguió contratos de, por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid con una recomendación firmada por su gerente, que a diferencia de Gómez no está investigada. Esos contratos, objeto de la denuncia de Manos Limpias, se materializaron con fondos europeos, por lo que el juez ha tenido que aceptar el requerimiento de la Fiscalía europea para encargarse de la investigación.
El resto de la denuncia de Manos Limpias aludía a las informaciones sobre la supuesta influencia de Gómez en el rescate de Air Europa, pero la Audiencia de Madrid ya estableció que se trataba de “conjeturas”. En este contexto, la defensa de Gómez comenzó a preguntar al juez cuál era el motivo por el que alargaba la instrucción.
El juez dictó un auto el pasado lunes en respuesta al requerimiento de información de la investigada y en él advirtió de que iba a investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial [de Manos Limpias]”, con excepción de los que ya investiga la Fiscalía europea.
La denuncia del pseudo sindicato ultraderechista se basaba en siete informaciones de varios medios y un bulo de The Objective que confundió a la esposa del presidente con una hostelera de Cantabria con el mismo nombre. En algunas de esas informaciones se aludía los contratos de la empresa de Barrabés, si bien el tronco central de las mismas aludía a las cartas firmadas por Gómez.
Los contratos que supuestamente investiga ahora Peinado, y para los que ha pedido informes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), son seis expedientes de contratos con Innova, la sociedad de Barrabés. El juez abrió una causa por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, pero ninguna de las propuestas para estos contratos contó con la incorporación de una carta firmada por Gómez, a diferencia de los que investiga la Fiscalía europea.
Por otra parte, y pese a que la Audiencia Provincial descartó la investigación por el rescate de Air Europa, Peinado ha requerido igualmente información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el expediente de las ayudas otorgadas a la aerolínea del grupo Globalia. Según fuentes jurídicas, el juez todavía no tiene en su poder esos expedientes, lo que no ha evitado que siga adelante con el interrogatorio a Begoña Gómez.
De no ser por la intervención del departamento de Seguridad de Moncloa y la decisión final de la jueza decana de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, la citación a Begoña Gómez hubiera implicado que la investigada protagonizaría este viernes el “paseíllo” mediático a la entrada a los juzgados.
La comisaria de la Policía Nacional encargada de la seguridad del presidente del Gobierno y su familia ha presentado un informe sobre los riesgos que implicaría que Gómez no entrara por el garaje que ha motivado que la jueza Del Barco acepte las recomendaciones. La organización ultra Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, ha convocado una manifestación a la puerta de los juzgados que no ha sido autorizada por la Delegación del Gobierno.
En un auto dictado del miércoles, el juez Peinado rectifica una decisión anterior y permitirá estar presentes en la declaración de Gómez a los abogados de todas las acusaciones populares a las que ha permitido personarse en la causa. Se trata de cuatro asociaciones y partidos de extrema derecha: Vox, Manos Limpias, Hazte Oír y Movimiento por la Regeneración Política de España.
En el caso de que Begoña Gómez no se acoja a su derecho a no declarar, las preguntas que quieran hacer las acusaciones populares deberán trasladarlas a través del abogado de Vox. En el mismo escrito devuelve 7.000 euros a cada una de las organizaciones de los 10.000 que tuvieron que prestar como fianza para personarse.
Dos horas después que Gómez comparecerá ante el juez Peinado, pero como testigo, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El único motivo expuesto por el juez para citarle se resume en la siguiente frase: “Visto el estado de las actuaciones”. El próximo 15 de julio, Peinado interrogará a Barrabés por videoconferencia ya que está gravemente enfermo. A pesar de ser el empresario que se benefició de las adjudicaciones, Peinado no lo ha imputado y declarará como testigo.
Con posterioridad a la citación de Goyache, El Mundo ha informado de que la Intervención de la Universidad Complutense de Madrid ha reflejado en un informe al menos una adjudicación “irregular” de la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, Begoña Gómez. Según la interventora del centro universitario, la adjudicación no habría respetado los controles establecidos.
