Reparación integral a las víctimas. Los obispos exponen al Gobierno su hoja de ruta para no duplicar ventanillas al ofrecer indemnizaciones
La Iglesia española tiene prácticamente listo el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (Priva) que incluye la creación de una comisión de expertos que evaluará de forma personalizada la atención económica, espiritual y psicológica de los casos que hayan prescrito o cuyo abusador haya fallecido. Esta semana le ha dado el visto bueno la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, en su habitual reunión previa al verano en Madrid a la que estaban convocados 26 obispos. A ellos se ha sumado, de forma excepcional, el hermano de La Salle, Jesús Miguel Zamora, en calidad de secretario general de la Conferencia Española de Religiosos. Y es que, la hoja de ruta establecida, no solo cuenta con el sello mitral, sino también de la plataforma que aglutina a los institutos de vida consagrada de nuestro país.
Aun así, dada la relevancia que ha adquirido la crisis de la pederastia eclesial, tal y como adelantó en exclusiva LA RAZÓN, ayer se confirmó que los obispos buscan reforzar la luz verde al Priva convocando una Asamblea Plenaria Extraordinaria, que se celebrará el próximo martes 9 de julio y a la que están llamados a participar todos los obispos en activo.
A priori no habrá problema para lograr un respaldo de los dos tercios de los pastores presentes exigidos en una votación de este tipo, pero sería más que deseable por parte de la cúpula eclesial que se apruebe por unanimidad. ¿El motivo? Que los obispos se sientan especialmente cómplices a la hora de aplicar las medidas que se incluyen en el plan. Y es que, el hecho de que se dé luz verde en la Plenaria a esta hoja de ruta no supone que las diócesis estén obligadas a ponerla en práctica, en tanto que la Conferencia Episcopal no tiene poder coercitivo alguno sobre sus miembros. O dicho de otra manera, si ese equipo de especialistas determina una determinada indemnización a una víctima, el obispo correspondiente podría no ejecutarla si no estuviera de acuerdo.
Sin embargo, fuentes eclesiales dejan caer que, dado el impacto mediático y social que tendría un desplante de este calibre, resulta poco probable que se de una circunstancia de este tipo. «Habrá, por supuesto, reparación económica a las víctimas que así lo soliciten. Está previsto», expuso ayer el secretario general del Episcopado, César García Magán, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente. A la vez, subrayó cómo el plan buscará la «personalización de cada víctima, caso a caso».
A esta redacción casi definitiva se ha llegado después de prácticamente unos siete meses de trabajo, en un documento al que se han sumado las aportaciones de los colectivos de víctimas que se han querido sumar. El también obispo auxiliar de Toledo recordó que se han mantenido encuentros con diferentes asociaciones: «Algunos han trascendido y otros no». «Siempre van a ser discretos y no van a encontrar información por nuestra parte, porque los consideramos terreno sagrado», compartió. De la misma manera, consideró «legítimo» que algunas entidades hayan decidido declinar cualquier colaboración.
Además, García Magán desveló ayer que el Gobierno también estaría al tanto de las líneas generales de este plan. No solo por la reunión mantenida con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, hace un par de semanas, ni por el encuentro que mantuvo a mediados de abril el presidente de los obispos y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El secretario general del Episcopado explicitó que se ha creado una «comisión bipartita» con representantes del equipo de Bolaños en la que se les ha expuesto «qué estamos trabajando en este ámbito».
No en vano, algunas de las iniciativas de Moncloa para instar a la Iglesia a que rinda cuentas ante las víctimas de abusos parecen estar incluidas en el plan a punto de aprobarse. De hecho, el Gobierno también pretende crear un órgano independiente para baremar las indemnizaciones e, incluso, sugirió la creación de un fondo estatal. En este sentido, los obispos y las congregaciones se habrían adelantado a la estrategia del Ejecutivo de coalición, no solo al haber definido ya su plan, sino que podría comenzar a aplicarse ya en septiembre.
Preguntado por posible duplicidad de comisiones y proyectos, así como por la legitimidad de su proyecto y los planteamientos estatales todavía sin aterrizar, García Magán aclaró que hay «líneas paralelas entre el plan del Gobierno y lo que nosotros proponemos». «Más que excluyente, yo hablaría de una coordinación entre ambos planes», enfatizó el portavoz episcopal.
Mas allá de la crisis de la pederastia, el secretario general fue preguntado durante su comparecencia por las medidas del Gobierno para controlar el acceso de los menores a la pornografía. «Es una gran plaga y apoyamos todo lo que lleve a regular su acceso», respaldó, a la vez que reivindicó «un pacto de estado porque la pornografía hace daño a todos, porque está detrás una reducción de la persona a ser un instrumento de usar y tirar». A partir de ahí, García Magán reclamó «un ámbito de respeto y dignificación» de la mujer,, al considerar que, a través del porno se lleva a cabo «una instrumentalización, una manipulación de la dignidad de la mujer».
El obispo auxiliar de Toledo también se pronunció sobre la excomunión de la diez clarisas del convento burgalés de Belorado. «Es un tema doloroso, porque romper la comunión eclesial y declararse en cisma es muy lamentable», señaló con rotundidad.
Justo después añadió que «nos parece una cosa de la Edad Media o de la Edad Moderna, pero se vuelve a poner en primer plano esa situación». Al paso respaldó la gestión «con caridad, claridad y mucha, mucha paciencia» que está realizando el arzobispo de Burgos, Mario Iceta. «Se les ha tendido las manos a las monjas, pero la pertenencia a la Iglesia ni se puede imponer a nadie ni se puede impedir a nadie cuando decide salir», remató García Magán.
