Se trata de una denuncia constitucional por negociación incompatible, formulada por el fiscal de la Nación y que se sostiene en el testimonio del exjuez Walter Ríos. La Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que designe un delegado y presente un informe final que acuse al presidente del JNE.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó que la denuncia constitucional del fiscal de la Nación, Juan Villena, contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, por negociación incompatible, ingrese a su etapa de informe final.
En total, 25 parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Honor y Democracia, Bloque Magisterial y Acción Popular votaron a favor en la sesión de este jueves en la Comisión Permanente.
Con ello, el Congreso le otorga a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) el plazo de 15 dias hábiles para que le encargue a un congresista la labor de delegado en este caso y elabore un informe final para la acusación contra el presidente del JNE. En ese periodo, el ponente tendrá que tomar en cuenta la versión de las partes involucradas. Puede, en sus conclusiones, recomendar acusar y también la inhabilitación del magistrado, de haber encontrado infracciones a la Constitución.
El 25 de marzo el fiscal de la Nación presentó la denuncia constitucional contra el titular del JNE. El caso gira sobre un testimonio del exjuez Walter Ríos, involucrado en la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
El 30 de diciembre del 2019, Ríos envió un escrito a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos para contar que a fines del 2017 e inicios del 2018 tuvo una llamada telefónica con Salas Arenas. En esa comunicación, el magistrado le habría recomendado a su exasesor Pavel Vladimir Cárdenas para un puesto disponible en la Corte Superior de Justicia del Callao, entonces presidida por Ríos.
El Ministerio Público identificó una llamada telefónica entre Salas y Ríos del 23 de noviembre del 2017. Seis días después Vladimir Cárdenas fue contratado como suplente en esa corte. En diciembre de ese año hubo un concurso CAS. Cárdenas postuló y, en medio de ese proceso, se habría comunicado con Ríos para pedirle apoyo.
Luego Ríos se comunica con el entonces administrador del módulo del nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, Carlos Humberto Chirinos. En esa conversación se menciona Cárdenas como un recomendado de Salas Arenas.
Sin embargo, ese concurso no prosperó y Cárdenas continuó trabajando de suplente en la Corte del Callao.
En 2018 hubo una nueva convocatoria de CAS. Cárdenas ingresó y firmó un contrato el 1 de junio de ese año.
El Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto investigó si Cárdenas solicitó a Salas Arenas ejercer influencia sobre el Ríos Montalvo y si le ofreció al magistrado algún beneficio a cambio. El fiscal provincial Junior Rodríguez resolvió en julio del año pasado formalizar investigación preparatoria por el fallido concurso CAS de diciembre del 2017, pero no procedió a hacerlo por la contratación del 2018.
El caso llegó a manos del fiscal de la Nación puesto que sucedió en un periodo en que Salas Arenas era juez supremo. Villena detectó contradicciones en la versión de Cárdenas: primero negó que Salas Arenas solicitó su contratación, pero ante el Equipo Especial declaró que el presidente del JNE le coordinó una entrevista con el exjuez Ríos.
Esta controversia también llegó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El 28 de octubre Salas Arenas sostuvo que la denuncia de Ríos busca cuestionar su desempeño como juez supremo debido a que resolvió una causa en contra del expresidente de la Corte del Callao.
Salas Arenas se refería a su etapa como presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que en 2018 amplió a 36 meses la prisión preventiva contra Ríos Montalvo.
En la JNJ el caso no prosperó y Salas Arenas fue ratificado como juez supremo el 5 de diciembre del 2022. Sin embargo, en el Ministerio Público aún es materia de indagación. Por eso el fiscal Villena envió la denuncia ante un Congreso que busca, a toda costa, inhabilitar al presidente del JNE.
El fiscal Villena les ha dado la excusa perfecta.
