La Fiscalía del Tribunal Supremo no impugnará la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de amnistiar al exconseller de Interior Miquel Buch y al sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà por el caso de la escolta del expresident Carles Puigdemont pese a que la Fiscalía de Catalunya había anunciado un recurso.
El recurso que finalmente no se presentará tenía pocos visos de prosperar, toda vez que el propio Tribunal Supremo ya había anticipado que la malversación de Buch y Escolà sí estaba incluida en la amnistía. El magistrado Pablo Llarena, en el auto por el que rechazó amnistiar a Puigdemont, argumentó que la ley de olvido penal del procés se podía aplicar “cuando el beneficio de carácter patrimonial redunde a favor de un tercero”.
Sin mencionar explícitamente a Buch, el magistrado sí hizo referencia a su caso al avalar la amnistía concedida por el TSJC “a quien desviaba dinero público [Buch] por pagar a un tercero [Escolà] por la protección de otra persona también ajena a la defraudación [Puigdemont]”.
La competencia para decidir si se presenta un recurso ante el Supremo es de la Fiscalía del Alto Tribunal. La Fiscalía Superior de una comunidad autónoma solo puede anunciarlo ante su Tribunal Superior de Justicia. Los recursos de la Fiscalía ante el Supremo normalmente se trabajan en coordinación entre los representantes del Ministerio Público en el Alto Tribunal y la comunidad autónoma. Pero esta vez no ha sido así.
Pese a saber el criterio fijado por la Fiscalía General del Estado (FGE) que avalaba amnistiar el procés, la Fiscalía Superior de Catalunya, dirigida por el fiscal superior, Francisco Bañeres, y el teniente fiscal, Pedro Ariche, anunció este miércoles ante el TSJC un recurso contra la decisión de amnistiar a Buch y Escolà.
La Fiscalía Superior de Catalunya comunicó por correo electrónico el pasado viernes a la Fiscalía General su intención de anunciar el recurso, pero, según fuentes jurídicas, no hizo ninguna llamada para abordar específicamente el asunto con los responsables del Ministerio Público en Madrid.
En suma, la Fiscalía Superior anunció una intención que sabía que tenía escaso recorrido porque carece de competencias para llevarla a cabo ante el Supremo. Además, desde el pasado 18 de junio se conoce el criterio, avalado por una mayoría de la cúpula fiscal pese al enfrentamiento promovido por los cuatro fiscales del procés del Supremo, de amnistiar todo el procés.
La divergencia de criterio entre la Fiscalía General y la catalana con la amnistía es palpable, si bien no ha llegado al nivel de tensión del enfrentamiento de los cuatro fiscales del procés con su superior, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los fiscales catalanes ya dejaron entrever su oposición a la amnistía cuando solicitaron la medida para los colaboradores de Junqueras en el 1-O. El teniente fiscal Ariche la pidió “en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica” con los que opera la Fiscalía. Aunque constató su desacuerdo con la amnistía, el teniente fiscal la pidió sin plantear un conflicto como el que lanzaron los cuatro fiscales del procés contra el fiscal general.
