La propuesta del referéndum no debe ser vista únicamente desde una perspectiva política.
El país transita un camino de crispación política como resultado de una crisis mayor de gobernabilidad e institucionalización del odio. La agenda política gira alrededor de lo intrascendente cuando lo importante como la inseguridad continúa matando a nuestra juventud.
La propuesta de un referéndum viene a adicionar al caldo de cultivo de una polarización, controversia y oposición entre diversos sectores de la población. En un momento tan delicado, es imprescindible reflexionar sobre la importancia de la unidad nacional por encima de las diferencias políticas e intereses particulares, ya que la legalidad y la institucionalidad, pilares fundamentales construidos a lo largo de dos siglos, están en juego.
Costa Rica ha sido un ejemplo de estabilidad democrática en la región, con una sólida estructura institucional que ha garantizado la paz y el progreso en un Estado social de derecho. Sin embargo, la polarización amenaza con socavar estos cimientos y con el retroceso de las conquistas sociales y políticas fruto de años de esfuerzo y consenso.
La propuesta del referéndum no debe ser vista únicamente desde una perspectiva política, sino también según el impacto que podría tener en la cohesión social y la confianza en las instituciones.
Como uno de los proponentes de la reforma constitucional del referéndum en el 2000 no me motiva nada en contra de que se utilice esta herramienta democrática de consulta, pero cuando amerite verdaderamente por el interés nacional, no para pasar reformas a la Contraloría con el fin de construir dos proyectos de infraestructura que son agenda del gobierno.
El espíritu de la reforma fue trazar un camino de consulta democrática amplia para asuntos de largo alcance, y no para facilitar la construcción de obras, que si bien importantes, no requieren un referéndum. Busquemos lo mejor de nuestros juristas y pidamos gobernabilidad, es capacidad de la Casa Presidencial, y resolvámoslo sin necesidad de gastar ¢3.000 millones, que mucha falta hacen para becas y las familias.
En una esquina, los defensores del referéndum llenan el camión de odio y de todos los males y problemas del país para golpear a las instituciones. Allí sale el antivacunas, el que echa el carro al peatón, el que se pelea en el estadio, el que no le da campo a la señora en el bus o el que cree que llevando la camiseta de la Selección ya cumplió con su deber patrio, pero que no recuerdan nada de la historia que nos hizo llegar a la democracia que vivimos. Ese es el costarricense que se deja llevar por sentimientos de doble moral.
En la otra esquina, la oposición al referéndum encuentra eco en diversos sectores de la ciudadanía que ven en esta medida una amenaza a la estabilidad y la unidad nacionales. Este sentimiento contrario no es simplemente una manifestación de descontento, sino una expresión de responsabilidad y conciencia cívica.
Los costarricenses que se oponen a este referéndum entienden que el bienestar del país depende de mantener y fortalecer las estructuras institucionales existentes, en lugar de desestabilizarlas con decisiones precipitadas.
Es en este punto donde la necesidad de unir al país se vuelve apremiante. La historia nos ha enseñado que los momentos de crisis requieren un liderazgo y una ciudadanía capaces de mirar más allá de las diferencias y trabajar juntos por un bien común. La coyuntura actual es una oportunidad para demostrar que Costa Rica puede superar sus diferencias políticas y encontrar un terreno común en la defensa de su democracia y sus instituciones.
Para lograrlo, es fundamental abrir espacios de concertación y diálogo, donde todas las voces sean escuchadas y consideradas. Estos espacios deben estar orientados a construir consensos que reflejen el interés de la mayoría, sin sacrificar los principios democráticos ni los derechos de las minorías. Es vital que estos procesos sean inclusivos y transparentes, que las decisiones cuenten con un amplio respaldo ciudadano.
La unión debe basarse en la defensa de la legalidad y la institucionalidad, elementos básicos del desarrollo y la estabilidad nacionales. No podemos permitir que intereses particulares o divisiones políticas erosionen estos pilares. La historia nos muestra que hemos sido capaces de superar desafíos aún mayores cuando hemos actuado con unidad y propósito común.
Además, la estrategia de unión debe incluir la promoción de una ciudadanía informada y comprometida. La educación cívica cumple un papel crucial en este sentido, ya que una población bien informada es capaz de tomar decisiones responsables y de participar activamente en los procesos democráticos.
El fortalecimiento de la educación cívica debe ser una prioridad para asegurar que las futuras generaciones comprendan la importancia de la legalidad y la institucionalidad.
A la luz de lo expuesto, no cabe duda de que la coyuntura política actual representa un desafío significativo. La propuesta de referéndum ha generado divisiones, pero también ha resaltado la necesidad de unidad y concertación. Es crucial que los costarricenses se unan por encima de las diferencias políticas e intereses particulares para defender la legalidad y la institucionalidad.
Solo a través de la unidad y el diálogo podremos asegurar el bienestar y la estabilidad de nuestra democracia, y preservar los logros de dos siglos de esfuerzo conjunto. ¿Coherencia o ruptura? es el título del libro de Michel Rocard, ex primer ministro de Francia. Prefiero la primera.
El autor es presidente del Partido Liberación Nacional.
