En un país en el que desde hace seis años se acusa al Gobierno de ser una dictadura por parte de algunos sectores de la derecha, a veces con argumentos tan originales como el abuso de los decretos ley o las disposiciones adicionales, puede ser complicado desbrozar toda esa maraña de excesos para identificar las verdaderas amenazas a la democracia.
Desde finales de 2018, el PP ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pesar de que es su obligación constitucional. La única razón para ese bloqueo era perpetuar la mayoría conservadora en el órgano de Gobierno de los jueces, aunque por el camino se dieron un sinfín de excusas. Una de ellas fue que el PP había cambiado de posición respecto a cómo debían elegirse esos vocales. Tras participar durante cuatro décadas en su elección parlamentaria, ahora quería que fuesen los jueces quienes votasen a los vocales.
Y es aquí donde el asunto empieza a enturbiarse. Una parte de los jueces, partidarios de este modelo, vieron en el PP un aliado para sus aspiraciones y apoyaron, en público y en privado, el bloqueo del CGPJ si no se cambiaba el sistema de elección. Todo ello bajo la bandera de la “despolitización” que el partido de Alberto Núñez Feijóo sostenía con poco entusiasmo.
O dicho de otra manera: un grupo de jueces se alió con el PP para tratar de imponer su modelo para el Poder Judicial al Parlamento, donde está representada la soberanía popular, mediante un chantaje que incluía saltarse la Constitución.
Porque el cambio en el sistema de elección del Poder Judicial ya se ha llevado cinco veces al Congreso –la última, este mismo jueves– y siempre ha habido una mayoría en contra. Lo que pretendían estos jueces era que la extorsión del PP terminara por obligar al Gobierno a aceptar el modelo de elección por parte de los integrantes de la carrera judicial aunque el parlamento lo hubiese rechazado.
O eso era, al menos, lo que pensaban.
La firma del pacto entre PP y PSOE el pasado martes, que supone un reparto de los vocales entre ambos partidos y una vaga promesa de estudiar una futura reforma del sistema de elección, ha devuelto a la realidad a esos jueces.
“Cinco años de viaje a ninguna parte”, tuiteaba el portavoz de una de las asociaciones contrarias al pacto, que lleva años presionando para mantener el bloqueo a cambio de un nuevo sistema de elección. “El propósito de despolitizar eran los padres”, escribía otro en su perfil de Twitter.
“He luchado dentro y fuera de esta red con todas mis fuerzas para evitar que se perpetúe el sistema de cuotas partidistas en el nombramiento de los vocales judiciales del CGPJ. El acuerdo de hoy denota que he perdido”, escribía otro magistrado, que unos días antes publicó una carta en la que pedía a Feijóo que no renovase el CGPJ con el actual sistema, pese a que eso suponía incumplir la ley. El tuit fijado de este juez es un discurso de Kennedy: “Los ciudadanos son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla”.
Muchos se han dado cuenta ahora del error que supuso sumarse a una estrategia de un partido al que únicamente guiaba el afán por seguir controlando el CGPJ y que solo ha accedido a renovarlo tras el ultimátum de Pedro Sánchez y bajo la presión de la Comisión Europea. No se puede culpar al PP, que no ha hecho grandes esfuerzos por esconder sus cartas: son los jueces quienes se han dejado engañar.
Ahora se han visto utilizados, pero aún no son conscientes del profundo descrédito que esta estrategia ha tenido para una carrera judicial con su prestigio en horas bajas. Porque es legítimo defender otro modelo para el CGPJ, pero la vía para conseguir ese cambio no puede ser un chantaje político con la Constitución como rehén. Que haya jueces que se hayan sumado a esa campaña escribe una página negra en la historia de nuestra democracia.
