La Consejería de Educación del anterior Gobierno de Isabel Díaz Ayuso conocía de primera mano que se estaba construyendo un centro de FP millonario en Alcalá de Henares, la Escuela de Arte, pese a que en el departamento no constaba ningún contrato público que lo sostuviera, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.
El departamento de Infraestructuras de la Consejería –que es el órgano de contratación oficial para obras educativas de envergadura, las que superan los 40.000 euros más IVA– estuvo en contacto con el constructor de este centro de FP artístico, presupuestado en 1,2 millones y que se pretendía levantar en una planta del complejo del Instituto de Secundaria (IES) Antonio Machado, uno de los más grandes de la Comunidad. Según ha podido comprobar este medio, el mismo departamento también realizó visitas a las obras.
Fue en junio de 2022, a mitad de la construcción (los trabajos empezaron en febrero y acabaron en septiembre), cuando este departamento educativo solicitó el proyecto de la escuela a la empresa constructora que la estaba haciendo, que le remitió los planos el día 13 de junio por correo a una empleada adscrita a la Subdirección de Edificación que fue la interlocutora (y de la que elDiario.es ha decidido omitir el nombre y dirección de correo por no ser la responsable del departamento ni un cargo político).
“Buenos días, adjunto los planos solicitados”, escribe la empresa a una dirección de correo oficial de la Consejería de Educación correspondiente al departamento de Infraestructuras. El departamento que pedía información era el mismo que tenía la obligación legal de sacarla a concurso y no lo hizo. La documentación en poder de esta redacción ratifica que ese departamento del Gobierno conocía que se estaba ejecutando un proyecto importante, proyecto que a su vez no contaba con ningún expediente en sus archivos.
El sistema de pago que alguien arbitró, ya que no había contrato, fue fraccionar facturas para desglosar la obra en muchos contratos menores, lo cual tiene menos controles financieros. Se simularon facturas independientes entre sí, aunque eran parte de una misma obra, y que se pagaron desde tres organismos públicos distintos para no levantar sospechas: el IES Antonio Machado, la Escuela de Arte y el Conservatorio Profesional de Música. Así, la obra quedó fuera del radar de la Intervención de la Comunidad de Madrid y se evitó cualquier fiscalización de los 1,2 millones que se desembolsaron, además del concurso público.
Fuentes conocedoras del funcionamiento de Educación señalan que es inverosímil que en Infraestructuras nadie conociera que no había contrato si, al mismo tiempo, estaban gestionando planos y pidiendo información a la constructora. La obra fue visitada al menos por dos cargos (uno de ellos, director del Área Territorial y hoy alto cargo de Díaz Ayuso). A simple vista era evidente que no costaba 40.000 euros. Otras fuentes consultadas por este medio señalan que los directores de instituto no tienen formación ni capacidad para gestionar permisos, licencias y requerimientos técnicos para construcciones de este calibre (son profesores) y consideran que, conociendo el funcionamiento de la administración pública, tuvieron que recibir algún tipo de asistencia técnica por parte de la Consejería. Este departamento ha señalado a elDiario.es que ha abierto una investigación por este caso de Alcalá pero no ofrece más detalles.
Cada una de las facturas que se hicieron para la Escuela de Arte Alcalá no superaron los 40.000 euros más IVA, que es el límite que impone la Ley de Contratos Públicos si no hay concurso público. Es el mismo sistema que se utilizó en el primer centro hecho sin contrato y desvelado por elDiario.es, el IES Ciudad Escolar, donde se levantó un hospital escuela de 2,5 millones de euros con este sistema irregular de fraccionamiento de facturas, con las que se llegaron a pagar 700.000 euros antes de dejar impagada y abandonada la obra.
La Consejería de Educación denunció el caso de Ciudad Escolar a la Fiscalía en marzo de este año. Fuentes oficiales del departamento apuntaron entonces como responsable del sistema ilegal de pago al subdirector de FP, Alfonso Mateos, a quien se cesó fulminantemente. También denunciaron a dos directores de instituto que eran quienes pagaban las facturas para el centro sanitario de FP. Uno de ellos lo explicó a elDiario.es: “Yo no sabía ni la empresa que era, yo de hecho pensaba que la obra estaba licitada. Los directores simplemente seguimos las órdenes de la Dirección General”.
Esta nueva documentación muestra que un departamento de la Consejería de Educación que nada tenía que ver con el subdirector cesado y en el que éste no trabajaba, no solo estaba al tanto sino que gestionó papeleo para una obra hecha y pagada ilegalmente. La posibilidad de que un subdirector dé órdenes para evitar un contrato y fraccionar facturas a una dirección general a la que ni siquiera pertenece es prácticamente nula. La hipótesis de que haya actuado solo en la construcción opaca de dos obras millonarias, con toda la documentación técnica que requiere, es también improbable.
¿Quién tomó la decisión de construir al menos dos centros sin contrato y fraccionando facturas o quién dejó que pasara? Es algo que la Consejería de Educación no responde y la Fiscalía, que sigue investigando, tampoco ha dilucidado de momento. La Consejería entonces estaba dirigida por Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid. Se apoyaba en dos viceconsejeros: Manuel Bautista –hoy alcalde de Móstoles y persona muy cercana a Díaz Ayuso, además de peso pesado en el PP de Madrid– que llevaba la parte de Organización Educativa, incluida la dirección general de Infraestructuras. Y Rocío López Ibor (Política Educativa), otro referente del PP que viene de Faes y que es actualmente la consejera de Economía y Hacienda de Ayuso. Ninguno de los tres ha contestado a las preguntas de este medio.
Otra persona que estaba al tanto de la obra de Alcalá era el entonces director del Área Territorial Este, Jorge de la Peña, actual director general de la Educación Concertada y secretario general del PP de Alcalá. De la Peña tenía su despacho a unos metros de la Escuela de Arte, hizo visitas a las obras, recibió documentación en su correo e incluso pidió mejoras en la climatización. No ha contestado a las preguntas de elDiario.es.
El departamento de Educación, dirigido desde 2023 por Emilio Viciana, tampoco ha contestado a las preguntas de si las facturas fraccionadas afectan a otros centros o por qué Infraestructuras no alertó o vigiló que una obra de la que tenía conocimiento no tenía contrato. Estas dos obras en investigación pertenecen a dos áreas administrativas distintas de Madrid (las llamadas Direcciones de Área Territoriales) con diferentes jefes cada una.
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