El mandatario Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, criticaron el supuesto fallo a un recurso de amparo presentado contra la junta que administra las pensiones del Poder Judicial
La Sala Constitucional negó este miércoles que el Poder Ejecutivo haya presentado un recurso de amparo contra la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, por no haber brindado información solicitada. La aclaración fue emitida luego que el mandatario, Rodrigo Chaves, y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, criticaran el supuesto fallo de los magistrados.
“Según pudimos constatar en todas las bases de datos de la Sala Constitucional, ningún funcionario de Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica o de otro ministerio ha presentado algún recurso de amparo solicitando información a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, indicó el tribunal constitucional en un comunicado.
Chaves acusó a los magistrados constitucionales de incurrir en un conflicto de interés por la supuesta resolución que emitió sobre el tema, mientras que la ministra Fernández tildó de “rara” la respuesta, ya que, según su relato, el tribunal no giró una orden directa para entregar la información solicitada por el gobierno.
La Sala Constitucional afirmó que únicamente existen dos expedientes relacionados con el tema; sin embargo, estos fueron presentados por actuarios matemáticos, o sea, personas particulares que no indicaron ostentar algún cargo público.
Este medio solicitó a Fernández y al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, el número del expediente al que se hizo referencia, pero no se obtuvo respuesta a los mensajes enviados a sus teléfonos celulares. Tampoco se recibió la información por parte de la oficina de prensa de la Casa Presidencial, pese a la gestión enviada a su correo electrónico.
El mandatario dijo, en conferencia de prensa desde Casa Presidencial, que presentaron el recurso de amparo ante la Sala Cuarta, luego de que, en año y medio, la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial no remitiera información sobre las contribuciones de los beneficiarios de este régimen y el monto de sus pensiones, “para demostrar si una pensión es justa o injusta”.
Igualmente, alegó que el tribunal constitucional incurriría en un potencial conflicto de interés al resolver el tema, porque los datos solicitados al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, serían usados en los estudios actuariales que sustentarían el plan del gobierno contra las llamadas pensiones de lujo.
“¿Podría haber un conflicto de intereses entre los magistrados de la Sala IV y su futura pensión, y hacer que esta información fluya rápido para nosotros terminar el estudio actuarial, que llevamos año y medio pidiendo esos datos? Creo que sí es posible que ocurra ese conflicto”, manifestó.
Chaves dijo que no recordaba lo que decía el fallo, por lo que cedió la palabra a la ministra Fernández, quien afirmó que la respuesta del tribunal constitucional a la petitoria del gobierno había sido “rara”.
“La Sala lo que dijo, que es muy extraño, porque normalmente cuando alguna institución falla en entregar la información con prontitud, la Sala lo que dice es: ‘Tiene que entregarla en tal fecha, porque usted está violando el plazo de información en un plazo determinado’.
“Pero, en este caso, la Sala lo que hizo fue devolverles, ante el recurso (de amparo), como una consulta. ‘Hola Poder Judicial, ¿cuándo ustedes creen que pueden dar esta información? Ojalá que la den en un plazo determinado’. Entonces, fue una respuesta muy rara, ante una solicitud de información con plazo, en un tema tan delicado; nos sorprendió mucho”, manifestó la jerarca.
La Sala IV precisó que, de los dos amparos tramitados, uno fue declarado con lugar. Se trata del expediente 23-018356-0007-CO, en el cual se ordenó a la Dirección de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a entregar la información solicitada a más tardar el 31 de octubre del 2023.
El otro expediente, el 23-019366-0007-CO, aún no ha sido resuelto por la Sala Constitucional.
