El Congreso apeló el fallo del Poder Judicial que restituyó a Aldo Vásquez e Inés Tello como miembros de la Junta Nacional de Justicia, tras haber sido inhabilitados por presuntamente haber cometido una infracción constitucional.
Tal como lo anunciaron, con este recurso el Congreso busca la nulidad total de la sentencia. Según la ley, tienen 3 días después de haberse emitido el fallo judicial para poder apelar.
"Sustentamos nuestro Recurso de Apelación en lo dispuesto en el Art. 22 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que nos concede el plazo de 3 días para apelar una sentencia, señalando que el mismo se presenta dentro del plazo de ley", se lee en el documento mostrado por Canal N.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ya había anunciado que "harán respetar el fuero parlamentario" y que se interpondrán los recursos necesarios en contra de la "arbitraria decisión del Poder Judicial" que repone a Inés Tello y a Aldo Vásquez en sus cargos.
El titular de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto, rechazó la decisión del Poder Judicial que restituye a Aldo Vásquez e Inés Tello y acusó a los jueces de estar sometidos a la Junta Nacional de Justicia.
"Pese a que, en una anterior oportunidad, el TC ya le había dicho al Poder Judicial que no se entrometa en asuntos que no son de su competencia. Los señores de la JNJ, como son los que ratifican a los jueces, prácticamente los tienen sometidos. Y es a través de ese mecanismo que logran resoluciones judiciales que no son acordes a la Constitución del Estado", declaró en una entrevista para el canal del Congreso.
Soto también indicó que le exigirán al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la medida cautelar que presentó el Congreso.
"Vamos a exigir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada y, de ser necesario, vamos a ampliarla", indicó.
Soto no fue el único que se pronunció en contra de esta decisión, en un comunicado conjunto, expresidentes del Congreso cuestionaron al Poder Judicial por su decisión y acusaron a uno de los jueces de un presunto conflicto de interés.
El conflicto entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia inició en marzo del 2024, cuando el pleno decidió acusar e inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Alejandro Vásquez Ríos. Ambos magistrados fueron acusados por presuntamente haber cometido una infracción constitucional.
En el caso de Inés Tello, su inhabilitación se dio con 67 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones.
Por otra parte, en el caso de Aldo Vásquez, quien se desempeñaba como vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, en una primera votación solo se consiguieron 65 de los 67 votos necesarios para inhabilitarlo.
Sin embargo, tras una reconsideración presentada por Fuerza Popular y Perú Libre, se inhabilitó a Vásquez Ríos con 67 votos a favor, 22 en contra y una abstención.
