Un acta de asistencia de Casa Presidencial confirma que, el 13 de junio, los organizadores de la Marcha de la Diversidad se reunieron, en Zapote, con representantes de ocho instituciones gubernamentales para dialogar de la logística del evento del 30 de junio.
Pese a ello, Casa Presidencial afirmó el sábado pasado que los organizadores de la actividad “no habían solicitado, tramitado ni recibido los permisos requeridos según la normativa para efectuar la marcha”.
El documento, del cual La Nación tiene copia, confirma que a la reunión asistieron representantes de los ministerios de Presidencia, Seguridad, Salud, Obras Públicas y Transportes (MOPT), Relaciones Exteriores, Cultura, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Costarricense del Deporte (Icoder).
Participaron Ricardo Sossa, excomisionado de Inclusión Social de Casa Presidencial, junto con Gloriana Jiménez y Mariel Arce, del Ministerio de la Presidencia.
Además, asistieron Karolina Ulloa, de Salud; Rebeca Vásquez, de Seguridad Pública; Luis Núñez, de Cultura; Marcela Centeno, del Icoder; Joshua Céspedes, de la Cancillería; Jeremy Zúñiga y Vivian García, del ICT, así como Marco Alfaro y Junior Araya, del MOPT. Este último es el director de Ingeniería de Tránsito.
Por la organización Orgullo CR (también llamada Pride Costa Rica), asistieron Dayana Álvarez, Juan Pablo Villalta y Víctor Montoya.
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El excomisionado de Inclusión Social confirmó la reunión y aseguró que Gabriel Aguilar, jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves, estaba enterado de ella. Relató que él le envió un correo electrónico el 11 de junio, informando de que recibiría en Zapote a los directivos de la organización de la marcha y que convocaría a representantes de instituciones.
“El correo se envía al jefe de despacho del presidente, por lo que él está informado. Lo que se trató en la reunión fue un diálogo que se establece a partir de ese momento entre la sociedad civil, en este caso Pride Costa Rica, y el gobierno”, dijo Sossa.
Sostuvo que parte de su trabajo incluía evitar la discriminación de la comunidad LGTBI+ y defender sus derechos, como el de la visibilización.
“Cumplí con mi trabajo de servir como puente articulador, para que se escuchara al pueblo; necesitaban guía para obtener permisos, necesitaban dirección, qué papeles enviar, a qué correos”, citó Sossa.
Dayana Álvarez, presidenta de Orgullo CR, también validó el encuentro y dijo que hablaron de coordinación y trámites durante aproximadamente dos horas.
“Nos habían confirmado la presencia de, al menos, 15 oficiales de tránsito; sin embargo, el domingo se cancelaron. La presencia de la Fuerza Pública fue casi nula, al igual que la Policía Municipal, con la cual también habíamos coordinado”, indicó.
Pese a esto, la nueva ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, afirmó este jueves que el viceministro de esta cartera, Jorge Rodríguez Bogle, firmó la declaratoria de interés cultural de la marcha porque “fue inducido al error”.
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Un día antes de la marcha, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al excomisionado Ricardo Sossa, porque “tramitaron una declaratoria de interés cultural para la marcha de orgullo LGTBI+ sin la autorización del presidente o su despacho”.
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La tarde de ese sábado, la Presidencia también anuló la declaratoria de interés cultural de la marcha.
El documento lo habían promulgado el 18 de junio la exministra Guadamuz y el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle. Este último firmó en nombre del presidente Chaves porque el gobernante delegó su firma en él, al considerarlo un funcionario de confianza.
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