El Tribunal Supremo de Japón ha declarado inconstitucional la ley de esterilización forzada que permitió la esterilización de aproximadamente 16.500 personas sin su consentimiento. La ley, que estuvo en vigor desde 1948 hasta 1996, tenía como objetivo evitar la transmisión de deficiencias hereditarias, lo que afectó la vida de miles de ciudadanos.
Esta ley, oficialmente conocida como Ley de Protección Eugenésica, fue implementada para permitir a los médicos esterilizar a personas consideradas con deficiencias hereditarias. Durante su vigencia, otras 8.500 personas fueron presionadas para dar su consentimiento a las esterilizaciones. La reciente decisión del Tribunal Supremo también anuló el plazo de prescripción de 20 años para las solicitudes de indemnización, lo que permite que las víctimas busquen justicia muchos años después de los hechos.
El Tribunal Supremo de Japón ha tomado una postura firme al declarar inconstitucional la Ley de Protección Eugenésica, que autorizaba a los médicos a realizar esterilizaciones forzadas. Esta medida, que buscaba prevenir la transmisión de enfermedades hereditarias, resultó en la esterilización de miles de personas sin su consentimiento. El tribunal también determinó que no se debe aplicar un plazo de prescripción de 20 años para las solicitudes de indemnización.
La Ley de Protección Eugenésica permitió que, durante casi cinco décadas, se llevaran a cabo esterilizaciones sin consentimiento en Japón. Afectó a 16.500 personas directamente, y a otras 8.500 que dieron su consentimiento bajo presión. Además, más de 60.000 mujeres se sometieron a abortos forzados para evitar la transmisión de enfermedades hereditarias. La ley incluía una lista de enfermedades que entonces se consideraban hereditarias, como la esquizofrenia y la epilepsia, y permitía que los médicos engañaran a los pacientes sobre la naturaleza de las operaciones.
Esta ley reflejaba preocupaciones del gobierno japonés sobre la superpoblación y el “deterioro” de la descendencia. Sin embargo, los métodos empleados para llevar a cabo las esterilizaciones, que a menudo implicaban engaños y procedimientos sin el consentimiento informado de los pacientes, fueron extremadamente controvertidos y causaron un sufrimiento considerable.
Saburo Kita, quien fue sometido a una vasectomía a los 14 años mientras estaba en un centro para menores con dificultades, expresó su dolor lo vivido por la Ley de Protección Eugenésica: "He pasado 66 angustiosos años debido a esta operación quirúrgica del gobierno. Quiero recuperar la vida que me han robado".
Otro testimonio conmovedor es el de Junko Iizuka, quien fue sometida a una cirugía que la dejó estéril a los 16 años. "La cirugía eugenésica me privó de todos mis modestos sueños de tener un matrimonio feliz e hijos", lamentó Iizuka, quien también sufre de trastorno de estrés postraumático debido a la operación.
En 2019, el gobierno japonés emitió una disculpa oficial y aprobó una ley que ofrecía una indemnización de 3,2 millones de yenes (aproximadamente 19.900 dólares) a cada víctima. No obstante, las víctimas consideraron esta cantidad insuficiente y continuaron su lucha en los tribunales.
