Siete expresidentes del Congreso se pronunciaron en contra de la decisión de la Sala Constitucional del Poder Judicial de restituir a los abogados Inés Tello y Aldo Vásquez como magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El documento lleva las firmas de los excongresistas apristas Luis Gonzales Posada y Javier Velásquez Quesquén, y de los exparlamentarios fujimoristas Luz Salgado y Luis Galarreta. A ellos se han sumado las parlamentarias María del Carmen Alva, de Acción Popular; Lady Camones, de Alianza Para el Progreso (APP) y José Williams Zapata, de Avanza País.
El tema de fondo de este pronunciamiento es que consideran que el Poder Judicial (PJ) se inmiscuyó en las funciones del Congreso al cuestionar un proceso de juicio político que terminó con la inhabilitación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez.
Asimismo, alegan que existe un conflicto de interés de parte de los miembros de la Primera Sala Constitucional debido a que uno de los jueces que resolvió a favor de Tello y Vásquez se encuentra en proceso de ratificación en la JNJ.
Y por último, insisten en que la votación no fue irregular. Su argumento es que un acuerdo de Junta de Portavoces y un "precepto constitucional" es suficiente para interpretar la Constitución y habilitar a que los miembros de la Comisión Permanente, que no votaron una acusación constitucional en esa comisión, puedan hacerlo en el Pleno.
El Poder Judicial resolvió esta semana la acción de amparo a favor de la reposición de Tello y Vásquez en la JNJ. La Sala Constitucional cuestionó que el Congreso haya inhabilitado a los dos magistrados sin haber delimitado la infracción constitucional y, además, permitiendo que los legisladores de Podemos Perú, José Luna Gálvez, y de Somos Perú, José Jerí, voten en el Pleno, pese a que son miembros titulares de la Comisión Permanente.
La inhabilitación se produjo debido a que el Congreso consideró que la JNJ cometió una infracción al permitir que la magistrada Tello siga en el cargo pese a superar los 75 años. Al final, de los siete consejeros, fueron inhabilitados dos.
Los dos juristas recurrieron al Poder Judicial. Mientras que el Congreso apeló a un conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). La vista de esa causa será el 10 de julio. De modo que esta controversia no es un capítulo cerrado, puesto que la decisión de dicha demanda puede revertir la decisión de la Primera Sala Constitucional.
El otro argumento del fallo judicial es que el Congreso permitió que dos integrantes titulares de la Comisión Permanente - Luna y Jerí - voten la inhabilitación en el Pleno. La Constitución prohíbe eso.
Pero el argumento de la coalición parlamentaria es que existe un acuerdo de Junta de Portavoces que permite a los miembros titulares votar, en caso sus suplentes ellos no hubieran votado en la sesión de la Comisión Permanente o hayan sido reemplazados en esa instancia por sus suplentes.
Sin embargo, el Poder Judicial les recuerda que un acuerdo de los voceros no puede estar por encima de lo que dispone la Constitución. Los expresidentes del Congreso desconocen eso.
Uno de los extitulares de la Mesa Directiva que firmó el comunicado es María del Carmen Alva. La acciopopulista es autora de un proyecto de ley que permite a los miembros titulares de la Comisión Permanente votar acusaciones constitucionales en el Pleno. La propuesta está en la Comisión de Constitución pendiente de aprobarse. Con esa norma se pretende regular el vacío que permitió la inhabilitación de Tello y Vásquez. Pero de una forma tardía.
