En octubre de este año tenemos nuevamente elecciones. Nos corresponderá elegir a los representantes de nuestros gobiernos subnacionales: alcaldes(as), concejales/as, gobernadores/as y consejeros/as regionales. Sin embargo, el debate político parece concentrarse en el gobierno municipal, quedando en segundo plano la elección de gobernadores/as, principal autoridad de nivel intermedio, de las regiones.
Será ésta la segunda vez que en Chile elegiremos democráticamente a los/las gobernadores /as. Un proceso democrático bastante tardío para los países del cono sur con un modelo de Estado unitario, en el que el poder existe en un solo centro de autoridad que extiende su accionar a lo largo de todo un territorio. Desde la década de los ochenta, luego de haber padecido regímenes autoritarios y dictatoriales, se ha avanzado en los procesos de descentralización como parte de la restauración de las democracias. En Uruguay se realiza desde 1997; en Perú comenzaron a ser elegidas las autoridades regionales o departamentales a partir del 2000 y en Bolivia desde el 2010.
Chile, sin duda, ha sido el país que de manera más tardía ha comenzado a elegir democráticamente a estas autoridades, por lo mismo, pareciera ser que no medimos aún la relevancia política de los y las gobernadoras como figuras democráticas, que son hoy la principal autoridad de la región. Anteriormente esta función era asumida por Intendentes designados por el ejecutivo, que además de ser la principal autoridad regional eran representantes del Presidente en la región. Por la importancia que tienen los Gobiernos Regionales (GOREs), cuya misión es impulsar y liderar el desarrollo territorial, es de suma relevancia reforzar este poder político en las regiones, más todavía, en un país altamente centralizado, donde la mayor parte de las decisiones se toman desde Santiago y de manera bastante homogénea, sin mucha pertinencia territorial.
Estamos aún en un proceso de transición, de adecuación del modelo para que los GOREs electos democráticamente estén habilitados normativa e institucionalmente para conducir y liderar estratégicamente el desarrollo regional. Sin embargo, en tanto nuevos representantes de lo territorial, gobernadores y gobernadoras hoy asumen un rol político, y tienen un deber estratégico de planificar el desarrollo de sus regiones. No disponen aún de todas las herramientas, y pareciera haber confusión y traslape de funciones con otras figuras institucionales, en especial con la del Delegado Presidencial Regional (DPR). Las adecuaciones institucionales y culturales son lentas, toman tiempo, por lo que requieren de un impulso permanente y de voluntad política, así como se hace necesario informar y divulgar la importancia de esta autoridad hacia la ciudadanía.
En tal sentido, se requiere de mayor definición de las atribuciones que le competen en el ámbito regional, así como la capacidad real para que el territorio sea la unidad desde la cual se pueda proyectar el desarrollo más allá de los lineamientos sectoriales que vienen desde el nivel nacional.
En este proceso, como ciudadanía, tenemos un papel central, que no se limita a votar cada cuatro años, sino que estamos interpelados a ejercer la democracia de forma más informada y activa. Y eso significa no solo exigirle a estas figuras mínimos de probidad y transparencia, sino también levantar las necesidades de la población e impulsar el desarrollo de programas y políticas públicas necesarias y pertinentes con el territorio. Es importante entender el rol que los GOREs deben asumir como impulsores y ejecutores de programas y políticas regionales, y de esta manera llevar a la práctica una democracia más participativa que permita liderar reformas y acompañar procesos que posibiliten mejorar la calidad de vida en todos los territorios.
Así, las elecciones de octubre son una oportunidad para enriquecer el debate ciudadano sobre el rol de los GOREs como promotores del desarrollo territorial y su forma de conectar con las personas y comunidades de las regiones. Este contexto debe invitar a informarse sobre los programas de gobierno y las propuestas de cada candidato/a. En ese marco, el hecho que esta elección sea obligatoria, debiera asegurar mayor participación electoral, presentándose como una oportunidad para que la ciudadanía se pueda acercar a los GOREs y al propósito que estos tienen como institución pública en los territorios.
El proceso de descentralización ha tenido avances que han permitido fortalecer liderazgos territoriales, por lo que se espera que en el corto plazo se les de mayores capacidades para gobernar y liderar su región, así como que exista un proceso de fortalecimiento institucional que les permita poner en práctica políticas y programas que fortalezcan el desarrollo regional.
