El incesante goteo regulatorio que ha impuesto la agenda reformista del Gobierno está llevando a las empresas al extremo de la asfixia y a tener que alzar la voz para pedir que cese la cascada de medidas que impactan directamente en el funcionamiento de las compañías y supone un incremento de costes indirectos, al margen del efecto de la inflación, que configura un obstáculo altamente difícil de sortear sobre todo para los pequeños y medianos negocios de nuestro país. Sobre estos mimbres lanzó ayer la patronal Cepyme el 'Manifiesto de la pyme española por la libertad de empresa' en la que se recoge en ocho puntos de denuncia las principales injerencias que el Ministerio de Trabajo bajo el mando de la vicepresidenta Yolanda Díaz está llevando acabo sobre sobre la actividad las compañías con la imposición de un rodillo en las negociaciones del diálogo social que está obligando a los empleadores a deglutir sin ninguna medida compensatoria la totalidad de regulación aprobada en materia laboral. El Manifiesto pronunciado durante la celebración de la Asamblea Anual de Cepyme de 2024 que tuvo lugar en Madrid pone el acento en puntos concretos como: la dignidad empresarial ante estigmatización y los ataques proferidos por el ejecutivo; la sobrerregulación; el respeto a la negociación colectiva especialmente en el ámbito bipartito; la protección de la flexibilidad interna de las empresas; la intervención de los salarios mediante el incremento del SMI de algo más del 60% desde 2018; el aumento exponencial de las cargas y de la fiscalidad que lastra la competitividad; la ordenación del tiempo y los recursos del trabajo sin injerencias; y el respeto al diálgo social que el Gobierno ha perdido con la imposición de sus tesis en las últimas negociaciones de calado en materia laboral. De hecho, sobre el último caballo de batalla que Trabajo está librando para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, desde Cepyme advierten de que la medida tendrá un impacto especialmente severo en las pequeñas empresas, de menos de diez trabajadores, en las que el incremento del coste laboral asociado –unos 1.000 euros anuales de media por trabajador – puede comprometer la viabilidad de estos negocios. En este sentido, el Manifiesto lanzado ayer nace de la propia demanda de los empresarios hacia sus representantes en el diálogo socia que expresen de forma contundente el hartazgo y el estrangulamiento que están sufriendo en los últimos años a golpe de BOE con la incorporación de multitud de medidas que deben ser incorporadas bajo amenaza de sanción . Muchas de ellas, incluidas tras la aprobación de la reforma laboral que congregó a Gobierno, patronal y sindicatos en el acuerdo. En suma, casi una treintena de cambios normativos que en ocasiones han llegado a contravenir el acuerdo de 2021, como por ejemplo el último atropello denunciado por la patronal –y también los sindicatos– con la aprobación por decreto de la prevalencia de los convenios provinciales y autonómicos sobre los sectoriales. Cabe recordar en este punto que la base de la denuncia articulada en el Manifiesto cuenta con el apoyo de las diferentes organizaciones que integran Cepyme : 56 organizaciones territoriales de ámbito provincial y autonómico, 3.000 organizaciones de base y 85 organizaciones de ámbito sectorial. Fuentes empresariales consultadas por ABC, señalan que un de los impulsos que ha llevado a alzar la voz de forma contundente es el hecho de intentar preservar el papel de cohesión territorial que ejerce la pyme a lo largo y ancho del territorio español. Estos negocios suponen en zonas de rural despoblado un servicio de proximidad fundamental para mantener la vida y la actividad económica en estas zonas. En este punto, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, pronunció un duro discurso durante la Asamblea señalando al Gobierno, no sólo por estas injerencias y el intervencionismo, sino por el intento de consolidar esta medidas mediante un «asalto» al diálogo social «colonizándolo con interlocutores dóciles» y «sumisos» porque es lo que necesita el Ejecutivo para consolidar sus políticas. «Es un asalto a la representatividad empresarial », denunciaba Cuerva. El líder empresarial apunta que en estas condiciones resulta «muy difícil» y «estéril» mantener el pulso de las negociaciones. «Está demostrándose que hay poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas », lamentaba el líder de la patronal de la mediana y pequeña empresa asegurando que el Ministerio de Trabajo trata de «sus trasnochadas tesis de control público de los medios de producción y de planificación económica», señalaba. «Quien gobierna contra las pymes, contra nuestra libertad, gobierna contra el progreso en España », exclamó el presidente de Cepyme advirtiendo que ya no hay «prácticamente ningún aspecto de la actividad empresarial que no esté intervenido o amenazado por el Gobierno de España».
