La aprobación del RIGI abre el panorama sobre qué provincias se podrían ver beneficiadas y cuales no. Si bien no todos los proyectos requieren los u$s 200 millones, muchos mira con expectativas las demandas de proveedores locales
El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) avanza hacia su reglamentación, sobre la que distintos sectores pidieron especial atención, en particular en la integración local. Cabe aclarar además que las provincias deberán adherir al régimen.
El texto final postula que el 20% de "la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores" como mínimo deberá destinarse a proveedores locales y detalla los sectores que están incluidos en el régimen, estos son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
Según un análisis realizado por el IERAL - Fundación Mediterránea, algunas provincias estarían más cerca de percibir los beneficios que puede representar el régimen. Si bien no existe un listado de posibles inversiones, las características de las distintas provincias podrían aprovechar inversiones en algunos aspectos.
Según señala el economista senior del IERAL Jorge Day también existe diferentes grados de probabilidad de que se concreten esos proyectos según los sectores, dado el monto mínimo de inversión postulado (u$s 200 millones).
En un mapa publicado en la revista del instituto, destacan que algunas provincias cordilleranas estarían entre las más beneficiadas ya que cuentan con recursos mineros: estas serían Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Chubut. Todos estos cuentan con un alto nivel de probabilidad de concretarse ya que los montos requeridos por estas inversiones son mayores a los establecidos por el RIGI.
En el caso de hidrocarburos, IERAL estima que las inversiones se desarrollarían en provincias como Chubut, Neuquén y la provincia de Buenos Aires, a las cuales le asignaron una probabilidad mediana para la obtención de inversiones.
Algo similar ocurre en el caso las energías renovables, que se darían en Río Negro (y que cuenta con el antecedente del anuncio de la australiana Fortescue por u$s 8.400 millones), o en foresto industria, que podría desarrollarse en Corrientes y Misiones. En este último caso, las inversiones superan el volumen fijado por el RIGI, pero requieren además de amplias extensiones de tierra para sembrar la materia prima.
Entre los sectores que según IERAL tienen bajas probabilidad de obtener participación a través del RIGI están el agroindustrial, que se desarrollaría en provincias como Córdoba, Buenos Aires o Salta, y el turismo, con foco en la Ciudad de Buenos Aires.
Otro de los polos que, según IERAL, se vería beneficiado con el RIGI es el de las regiones cercanas a los puertos, donde las inversiones se canalizarían hacia la industrialización de recursos así como a la exportación de sus derivados.
En el análisis de IERAL existen muchas provincias que no verían la afluencia de capitales que se canalicen a través del régimen. Sin embargo, muchas podrían tener un efecto lateral del desarrollo del RIGI.
Quizás el más destacado es el caso de Córdoba, que cuenta con un clúster de proveedores de la industria hidrocarburífera y minera, un sector que ya lleva 10 años de desarrollo y cuenta con 200 empresas. La relevancia de este clúster para la provincia es tal que el Gobernador, Martín Llaryora, participó de la Exposición San Juan Minera en mayo junto a los empresarios del sector.
Los proveedores de los sectores que se verían dinamizados por el RIGI tienen el ojo puesto en la reglamentación y alertan que, en sí mismo, el porcentaje puede cubrirse solo con servicios de construcción, cátering y otros servicios de mantenimiento de la actividad, ya que no obliga a que se concreten en desarrollos industriales. Esto se suma a que el porcentaje deberá darse si los locales se encuentran en condiciones de mercado, lo que, según señalaron, deja margen para evitar que se destine a sectores industriales.
Situaciones similares en términos de proveedores locales, tanto de insumos como de servicios profesionales, se replican en provincias como Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
Por último, la institución considera que puede haber efectos colaterales como la demanda de mano de obra en los períodos de construcción, así como la generación de empleo calificado en los rubros de servicios y en otras actividades. Agregaron además el aumento de la recaudación por tasas municipales o provinciales por la mejora que implicaría en la actividad que generaría cada proyecto.
Entre los impactos que pueden afectar a las regiones agregaron el potencial daño ambiental de algunos proyectos así como la suba de los costos locales a raíz de la mayor actividad y la menor recaudación de tributos nacionales, que sin embargo tendrán una mayor base imponible.
