Reclaman que la llamada "Cartera Digital Beta" favorece a las plataformas internacionales en detrimento a las nacionales
El Gobierno presentaba este lunes una nueva aplicación móvil llamada "Cartera Digital Beta", diseñada para restringir el acceso de menores de edad a contenido pornográfico, así como para limitar su uso, pues emite 30 credenciales verificables de mayoría de edad con un mes de vigencia. Una herramienta disponible para descarga voluntaria, y que no ha sido bien recibida por parte del sector audiovisual. La Asociación de Productores y Editores de Obras y Grabaciones Audiovisuales (Apeoga), organismo que engloba la práctica totalidad de las empresas dedicadas a producción y edición de obras audiovisuales, especializadas en el sector erótico y para adultos, se ha hecho eco de la medida del Gobierno. Han reaccionado por escrito, lamentando "la puesta en marcha de una medida que llega tarde y mal". Además, añaden en el comunicado, "como asociación representativa del sector de cine para adultos no ha sido consultada".
Esta necesidad de regular el sector saltó a principios de año a la actualidad con el anuncio por parte del Gobierno de poner en marcha una ley para proteger a los menores del porno y la violencia en internet. Ahora, con el anuncio por parte del Ministerio de Transformación Digital, regresan este tema a los titulares a través de la creación de una aplicación aún en fase de prueba, y que almacena la verificación de la mayoría de edad del usuario. No obstante, para el sector audiovisual no es suficiente, y de hecho se trata de un plan que contiene ciertas faltas de regulación.
¿Por qué los productores y editores audiovisuales están en contra de esta herramienta? Porque, por un lado, apuntan en el comunicado, llega "tarde, pues será de obligado cumplimiento a partir de 2027. El plazo que plantea el Ministerio de Transformación Digital será después del verano de 2024, pero hasta 2027 el posible acceso de menores este tipo de contenidos queda, una vez más, sin control". Asimismo, aseguran que "es una mala medida. Obliga a su cumplimiento a las empresas españolas, pero no a las multinacionales extranjeras a las que remite simplemente una recomendación. De esta manera, se está facilitando que los usuarios de contenidos para adultos elijan las plataformas internacionales en vez de las nacionales, al no verse coartados por ninguna medida de control, ni ninguna obligación de aportar datos personales". Con esto, añaden que los datos personales que almacenen de los usuarios "socavan su privacidad e intimidad. El Ministerio ya puede tener acceso a DNI, nombres y hábito de consumo porno online... Ni qué decir tiene que quien hackee ese sistema también tendrá acceso a esos datos".
Desde Apeoga, por tanto, presentan un escrito en el que aseguran respetar y cumplir "escrupulosamente el marco legal en todas las áreas que comprende nuestro sector, y elaboramos protocolos muy estrictos para evitar, con la máxima eficacia, el acceso a menores a los contenidos para adultos con los que trabajamos". Defienden la pornografía como género cinematográfico, y por ello "amamos esas historias de ficción donde podemos visionar nuestras fantasías sexuales y descubrir otras que nos provoquen evasión, gozo y excitación", explican. Comunican su desconcierto y decepción, pues "desde hace años hemos estado persiguiendo sin descanso una regulación de ciertos contenidos pornográficos que se recrean en la violencia y lo atroz, que en muchos casos están además fuera de la legalidad. Y lo que es más grave, sin ningún control en el acceso de menores a esos contenidos".
Como contrarresto, Apeoga plantea la iniciativa "Su móvil, tu responsabilidad", una campaña de tres cortometrajes que presentan situaciones de estas problemáticas, como es el ciberacoso, las adicciones tecnológicas y el acceso a contenidos inapropiados. "Ponemos el foco en el papel responsable de los adultos, tutores de los menores, a la hora de controlar el uso de los dispositivos que estos puedan llevar a cabo. Pero también apuntando a los centros educativos y las administraciones públicas para que lleven a cabo un control y una legislación efectiva que consiga controlar esta problemática", reclaman.
