Gustavo Gutiérrez Ticse marcó postura frente a la reposición los magistrados de la JNJ por orden judicial. Considera que, debió esperarse la respuesta del Tribunal Constitucional frente a demanda del Congreso.
Ante la decisión del Poder Judicial de ordenar la reposición en sus cargos de los consejeros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, calificó de “inoportuna” dicha orden judicial porque se pronuncia sobre un tema de fondo que forma parte de una demanda competencial presentada por el Congreso de la República en contra de la JNJ, recurso que se encuentra pendiente de deliberación a nivel del TC.
"Es inoportuno porque significa que, sabiendo que hay un trámite y que la decisión que tome el TC va a terminar resolviendo esta controversia porque ya estaba abierto. En la demanda competencial se sabrá si hubo o no afectación a derechos fundamentales en este tema de la inhabilitación", expresó", declaró a RPP.
En este sentido, Gutiérrez Ticse señaló que los jueces eran "bastante conscientes de que por medio hay en trámite un proceso competencial" ante el Tribunal Constitucional. Se mostró sorprendido por el fallo, al considerar que lo que finalmente decida el TC podría dejar sin efecto la reposición: "Sabiendo que el TC está en trámite, tomando en cuenta que el TC ha dispuesto que la Corte Suprema se pronuncie por la magnitud de lo que significa esta decisión, la Sala ha continuado y ha emitido una sentencia que al final podría ser inocua".
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha programado para el próximo 10 de julio la audiencia en la que verá la demanda competencial presentada por el Congreso de la República. El objetivo es que este órgano establezca las competencias únicas y excluyentes que corresponden al Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, frente a pronunciamientos del Poder Judicial que interfieran con decisiones del Parlamento.
En abril pasado, el Pleno aprobó, con 82 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, autorizar al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el TC.
Con este recurso se pide que el Tribunal Constitucional determine si las decisiones del Congreso pueden ser limitadas o restringidas por el Poder Judicial, a través de la emisión de resoluciones judiciales que interrumpan acuerdos o resoluciones aprobadas por el Parlamento.
Ello en referencia a la respuesta de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Alejandro Vásquez Ríos, quienes acudieron al Poder Judicial para ser restituidos en sus cargos, luego de que el Pleno —por recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales— resolviera inhabilitarlos por 10 años para el ejercicio de la función pública y que tuvieran que alejarse de la JNJ.
Días antes de que se programa la audiencia en el TC para revisar la demanda competencial, el Poder Judicial declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, ordenando su restitución en sus respectivos cargos después de haber sido sancionados por el Congreso.
"Declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por los señores Antonio Humberto De la Haza Barrantes, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Luz Inés Tello de Ñecco; en consecuencia, ordenamos reponer en el día... en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia", se observa en el documento que declara la nulidad de la denuncia constitucional N° 373-2023, realizado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y aprobada por el Pleno.
Finalmente, el Congreso de la República informó que apelará la decisión del Poder Judicial. Alejandro Soto, titular de la Mesa Directiva de la representación nacional, informó en RPP que los integrantes del actual Congreso están de acuerdo en interponer un recurso de apelación para que Tello de Ñecco y Vásquez Ríos no retomen sus funciones en la JNJ. Este se realizaría ante la Corte Suprema. Calificó como "una decisión arbitraria" lo dispuesto por vía judicial.
