El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha denunciado al Ayuntamiento de Teruel ante la Fiscalía por la celebración este martes del espectáculo 'Popeye torero y sus enanitos marineros' como pistoletazo de salida las fiestas de la ciudad. El Gobierno considera que el show “expone a la mofa pública” a las personas con enanismo y contraviene la ley, que desde hace algo más de un año prohíbe este tipo de espectáculos conocidos popularmente como el bombero torero.
Así, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy solicita a la Fiscalía General del Estado que abra diligencias contra el ayuntamiento aludiendo a la disposición adicional decimotercera de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la prohibición de espectáculos o actividades recreativas “en que se use a personas con discapacidad para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana”.
Este es el segundo año en el que el consistorio de Teruel sigue adelante con el espectáculo a pesar de la nueva regulación estatal y de que desde hace días varias asociaciones e incluso el Defensor del Pueblo habían reclamado su cancelación.
A juicio del Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, se trata de un evento “que atenta contra la dignidad e integridad de las personas con enanismo” y recuerda que en 2019 este tipo de prácticas fueron señaladas por Naciones Unidas en el examen periódico a España que evalúa el cumplimiento de la Convención de la Discapacidad. De hecho, y tras años de reclamaciones por parte de asociaciones de personas con discapacidad, el Congreso aprobó su prohibición en abril de 2023.
Pero, además, el ministerio considera que contratar este espectáculo –a cargo de la compañía Patycar Eventos S.L– podría suponer también una infracción grave de la Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad de Aragón, por lo que Bustinduy ha reclamado también al Gobierno de la comunidad autónoma que abra un expediente sancionador al consistorio turolense.
“Las leyes hay que cumplirlas y, sin embargo, el ayuntamiento de Teruel las está obviando por segundo año consecutivo con la celebración de este espectáculo”, destaca Martín, que resalta también le hecho de que muchas de las personas que trabajan en este tipo de shows son extranjeras. “Es una condición que les hace más vulnerables y es aprovechada por quienes les contratan. Vinieron a nuestro país a buscar una vida mejor y les ponen en una plaza pública para reírse de sus cuerpos. Es algo que no podemos permitir”, afirma el director general.
Aún así, la prohibición del bombero torero no cuenta con el respaldo unánime de todos los afectados. Ya en su momento hubo compañías y empresas contratantes que defendieron el espectáculo bajo la premisa del artículo 35 de la Constitución, que garantiza “la libre elección de profesión u oficio”. La posición es la contraria en el Ministerio de Derechos Sociales. Martín cree que “en la exclusión y en la pobreza no siempre se puede elegir” y asegura que por ello el departamento dirigido por Bustinduy puso en marcha hace dos años un programa “orientado a ofrecer oportunidades de empleo decente, seguro y no precario a estas personas”.
