El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife considera que el monumento al dictador Francisco Franco, erigido en la capital tinerfeña por Juan de Ávalos, tiene indicios de contener valor artístico y cultural y por ello el Cabildo de Tenerife tiene que incoar un expediente de Bien de Interés Cultural (BIC). Se trata de una valoración contraria a la que expertos en la materia han emitido anteriormente.
En 2022, tras un análisis “riguroso” del estudio de la Universidad de La Laguna al respecto y del informe de la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias el Cabildo (entonces liderado por el PSOE) determinó que carece de valores artísticos excepcionales. Ahora, la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila (CC) ha dicho que los servicios jurídicos y de patrimonio de la corporación están estudiando la resolución judicial. No obstante, ha remarcado que “preferimos conmemorar monumentos que celebren la concordia y la paz que aquellos que se refieren a la historia más oscura de nuestro país”.
Ahora, la jueza María Isabel Pardo Vivero Alsina ha dado la razón a la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel, que en el anterior mandato pidió al Cabildo de Tenerife que llevase al Gobierno de Canarias la declaración de Bien de Interés Cultura (BIC) de la escultura, que está en la intersección de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz. Esta asociación es la misma que recurrió en los juzgados el Catálogo de Vestigios Franquistas en la capital tinerfeña, elaborado por el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, y la misma que colocó carteles por la ciudad en defensa de la escultura en honor del dictador.
En la sentencia, la jueza valora los informes periciales: dos de ellos ahondan en la declaración de BIC del monumento y en sus supuestos valores artísticos (un informe de Santiago Milans del Bosch y otro de Eugenio Togores. Hay un tercero que se tiene en cuenta (por encargo del Cabildo de Tenerife) que se manifiesta en contra.
“Se hace mención expresa del contenido de los informes periciales por cuanto han sido aportados y admitidos como prueba en este procedimiento. Sin embargo, lo que procede en este procedimiento, no es valorar su contenido, sino estimar la existencia de informes periciales por la parte actora, que determinan la existencia de indicios bastantes y suficientes para proceder a la incoación del expediente interesado, por cuanto no se trata de una mera solicitud de un ciudadano no acompañada de indicio probatorio de valor artísitico ninguno, y que la valoración del contenido de los informes sea realizada en el seno de un procedimiento administrativo reglado, no al margen del mismo”, detalla la magistrada.
Por ello, “se condena al Cabildo Insular de Tenerife a incoar expediente para la declaración de BIC el monumento de Juan de Ávalos , sin realizar pronunciamiento condenatorio sobre costas procesales”.
El conocido como monumento a Franco es una fuente escultórica inaugurada en marzo de 1966 a la que en 2010 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dio el nombre de “monumento al Ángel Caído”, que para algunos colectivos tiene valor cultural y para otros no. Según el NO-DO de la época, el monumento “conmemora la partida del generalísimo Franco cuando, capitán general de Canarias, salió de aquí para acaudillar el movimiento nacional. Esta obra original de Ábalos fue costeada por los tinerfeños por suscripción popular”.
El anterior gobierno de Canarias (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera), en aplicación de la Ley Democrática de Canarias, incluyó esta obra en el catálogo de vestigios franquistas, que ha sido revocado por el actual ejecutivo canario (CC, PP, Agrupación Socialista Gomera y AHI) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo suspendiese de forma cautelar por defectos de forma.
La asociación a la que ahora ha dado la razón el juzgado de lo contencioso número 3 reclamó la tramitación del expediente de BIC para el monumento al anterior grupo de gobierno de Cabildo de Tenerife (PSOE-Cs), que estimó falta de valor artístico excepcional en esta obra.
Tras el rechazo por parte del Cabildo de Tenerife la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel acudió a los tribunales, que en un principio rechazaron su petición, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la aceptó y suspendió la resolución de la corporación insular.
El Cabildo de Tenerife presentó un recurso de casación ante el que el Tribunal Supremo, que mantuvo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y estos días el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a la corporación insular a incoar el expediente de BIC.
El conocido como monumento al caudillo carece en la actualidad de declaraciones de valor conducentes a la protección de los bienes del patrimonio artístico, arquitectónico o artístico-religioso por las administraciones competentes en la materia, según recogió el catálogo de vestigios de Canarias, elaborado por un reconocido equipo de la ULL. “Desde esa perspectiva, no es preceptiva su conservación como monumento en su conjunto, teniendo en cuenta que es un complejo que vulnera los principios democráticos de convivencia, y contribuye a la distorsión de la verdad histórica al tiempo que es la muestra más exacerbada de exaltación al dictador como figura mesiánica”, destaca el informe.
En él se localizan hasta nueve símbolos creados por el escultor con ocasión de la conmemoración de 1964. Por un lado, la victoria obtenida por el ejército sublevado en la Guerra Civil Española (imagen de la victoria); la isla de Tenerife como referente geográfico de la planificación de la rebelión militar (relieve en forma piramidal como base del monumento) y este referente se asocia a otro símbolo, la relación de lealtad de la isla de Tenerife a la figura mesiánica de Franco. El cuarto símbolo que se menciona es la pretensión de elevar al dictador al rango de referente metafísico sancionado por el auxilio del arcángel. Además, menciona “la reivindicación de la iniciativa militar contra el gobierno de la República como una guerra santa, a través de la alegoría del general Franco como figura que sustenta la paz armada mostrando la espada como cruz, símbolo de la cruzada de liberación, a pesar de que nunca fue reconocida como tal por el Vaticano”. Y, por último, la presentación de los escudos de los nueve partidos judiciales de la provincia como escenario de “respaldo a la acción del vuelo del general Franco en el Dragon Rapide para iniciar la sublevación militar constituye una evidente vulneración de la verdad histórica y un símbolo que atenta contra los principios desarrollados en la Ley de Memoria Histórica”.
La investigación detalla que el monumento a Franco es, por tanto, “una interpretación que impone una versión distorsionada de la guerra y sus consecuencias a los vencidos y persigue la exaltación permanente de la victoria y, en este caso, una santificación de la figura del dictador” y responde, como en los restantes monumentos repartidos por la ciudad, “a la tradición de las obras de arte que persiguen la transmisión de ideales en el sentido del exemplum virtutis - ejemplo de virtud-, propaganda de tradición historicista convertida en el siglo veinte en un potente instrumento de control ideológico al combinarse (con los mass media prensa, radio y documentales o noticiarios como el No-Do) propios de los regímenes totalitarios”.
