En solo una semana, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó diversos operativos que incluyeron la detención de cinco jueces, tres fiscales y dos técnicos judiciales, señalados por delitos como lavado de dinero, tráfico de influencias, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, divulgación de secretos y cohecho propio.
Michael Soto, subdirector de la Policía Judicial, reconoció en declaraciones a La Nación que la participación de funcionarios públicos en actos delictivos no es un suceso aislado. Advirtió que, lamentablemente, seguirá ocurriendo que personas en cargos relevantes, con acceso a información estratégica, serán seducidos o involucrados en estructuras criminales.
“Este no es un fenómeno reciente. A lo largo de la historia hemos tenido personas involucradas. ¿Qué es lo extraordinario? Que estamos viendo personas en posiciones más relevantes, como jefaturas, jueces y fiscales, involucradas. Hay un planteamiento muy serio de parte del OIJ y la Fiscalía General en abocarnos a los casos con más tenacidad y recursos para poder visualizar esto. Hay una preocupación a nivel país; es un problema que existe, que es latente. No hay estructura criminal en el mundo que no tenga componentes del Estado”, resumió.
Sus declaraciones trascendieron este martes durante el acto protocolario para celebrar el 49 aniversario del Ministerio Público, en el Colegio de Abogados, en Zapote.
Juez arrestado en Caso Madre Patria se calificó a sí mismo como ‘lavador de dinero’
Soto recordó el caso Madre Patria, donde un juez de apellido Venegas presuntamente prestaba sus empresas de outlets y transporte de mercadería para que el cabecilla de la organización, dedicada a fraudes registrales, pudiera legitimar el dinero derivado de los ilícitos.
La semana pasada también fueron detenidos tres jueces y tres fiscales por supuestamente dar privilegios al abogado y exjuez asesinado en febrero pasado, Luis Diego Ulloa Rodríguez, quien defendía a miembros de presuntas bandas criminales.
Entre los arrestados se encontraban dos jueces penales de La Unión, un fiscal de narcotráfico de San José, un fiscal de flagrancia de Goicoechea, una jueza de tránsito de Desamparados y una funcionaria judicial. El OIJ los identificó con los apellidos Sánchez, de 44 años; Padilla, de 43 años; Darcia, de 30; Kikut, de 31; Ulloa, de 32, y Cabezas, de 33.
Además, un juez penal de 32 años, de apellidos Mora Ramírez, fue detenido en Limón el 20 de junio por supuestamente almacenar droga en su casa. También se investiga si difundió pornografía infantil.
Ante una consulta de este medio, Soto confirmó que, además de los casos conocidos en los últimos días, existen más pesquisas que podrían involucrar a funcionarios públicos. “Lamentablemente ya no es extraño. Por allí tenemos más investigaciones en torno a personas vinculadas con temas de seguridad. Vamos a seguir trabajando porque también tenemos jueces, fiscales, policías, jefes policiales valientes que denuncian, nos pasan información y nos ayudan para que estos casos sean positivos”, declaró.
Reconoció que a veces inician investigaciones donde se estima que no hay funcionarios involucrados, pero “irremediablemente, terminan topándose con alguno”.
Sobre la participación de oficiales de policía, Soto dijo que por ahora no puede referirse a más casos.
El hecho más reciente develado por las autoridades del OIJ ocurrió esta semana en el operativo por el caso Coraza, en el que capturaron a un jefe de la Fuerza Pública de Nandayure, Guanacaste, y a otro oficial perteneciente a esa policía. La organización es investigada por tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales mediante propiedades, ganado y vehículos. El grupo utilizaba la pista de un hotel de lujo en Punta Islita, en Nandayure de Guanacaste, para enviar droga a Estados Unidos y México.
Soto manifestó que el teniente policial, de apellido Concepción, al parecer tenía el rol de “facilitar información al grupo para dilucidar las actividades policiales”.
Colaboró en esta información la periodista Vanessa Loaiza.
