Una nueva sentencia del Tribunal Constitucional del caso de los ERE ha estimado parcialmente el recurso de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, contra su condena de 7 años y 11 meses por prevaricación y malversación. En su caso, la mayoría progresista del pleno devuelve la resolución a la Audiencia de Sevilla al entender que se vulneró su derecho a la legalidad penal pero no a la presunción de inocencia: puede ser condenado a penas de cárcel por malversación pero por la “disposición de fondos públicos para fines distintos” a los que marcaban los programas de ayudas. En su caso, a diferencia del de otros condenados, sí ha habido pruebas y razonamientos suficientes para condenarle.
El pleno también ha estimado parcialmente varios recursos de antiguos altos cargos de la Junta: el los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo (Economía) y Francisco Vallejo (Innovación) y el del viceconsejero de este último departamento, Jesús María Rodríguez. Vallejo fue condenado a siete años de cárcel y los otros dos a seis años. En sus casos, la Audiencia de Sevilla también tendrá que dictar una nueva sentencia.
El tribunal de garantías estudia desde hace semanas los recursos de los condenados por los ERE de Andalucía. En casos como los de la exministra Magdalena Álvarez o Miguel Ángel Serrano, la mayoría progresista del pleno ha entendido que no se puede atribuir un delito de prevaricación, penado con inhabilitación, a quienes participaron en actos políticos como la elaboración de anteproyectos de presupuestos. Sin descartar que algunas modificaciones presupuestarias sí puedan ser consideradas delictivas.
Sobre la malversación, penada con cárcel, el Constitucional ha aplicado la misma doctrina y ha añadido que cumplir una ley legal de presupuestos no puede ser considerado delictivo. En el caso de Miguel Ángel Serrano, exdirector de la agencia IFA/IDEA excarcelado ayer, además entiende que el Supremo y la Audiencia de Sevilla no justificaron lo suficiente su condena por las adjudicaciones concretas de ayudas de forma irregular al margen de sus fines establecidos.
El caso de Antonio Fernández conocido este miércoles abre la puerta, tal y como sucedió con la prevaricación, a mantener una parte de las condenas de cárcel por malversación aunque sean menores. La ponencia que hoy ha votado el Constitucional ordena a la Audiencia de Sevilla que repita su sentencia contra él pero sin condenarle por su papel en la elaboración de los proyectos presupuestarios, solo por la adjudicación de dinero público a fines distintos de los establecidos en el programa de ayudas. El tribunal, al no formar parte del recurso y de las alegaciones de Fernández, no modifica su condena por prevaricación.
Antonio Fernández fue, sin duda, el exalto cargo más castigado por la instrucción del caso ERE. Ha sido el único exconsejero que fue enviado a prisión preventiva, de la que salió en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza. Ha llegado a pedir una pensión alimenticia de 1.840 euros al estar al borde de la “indigencia”.
Fernández también fue el primer imputado por la jueza Alaya en la causa de los cursos de formación, ya archivada, y en el caso ERE arrastra un gran número de gestores en Empleo como los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, o los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. En 2009, Griñán le renovó al frente de la Consejería, aunque un año después fue uno de los consejeros que salió de la etapa de Manuel Chaves heredada por Griñán. Un año después (2011) fue imputado en los ERE y otro año después (2012) dio con sus huesos en prisión por espacio de cuatro meses.
