Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha salido al paso de las suspicacias del PP sobre el papel que puede jugar el Tribunal Constitucional (TC), actualmente de mayoría progresista, en el control de la adecuación a la Carta Magna de la Ley de Amnistía. En un comunicado, la asociación judicial hace hincapié en que sus magistrados "son independientes" y que el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido "no responde ante las presiones de nadie"
JJpD recuerda que la corte de garantías "es piedra angular en la bóveda del Estado de derecho" y que el propio tribunal, "solo está sujeto a la Constitución" y a la ley orgánica que regula su funcionamiento. "No responde ante las presiones de nadie", recalca, antes de insistir en que "nadie puede dirigir instrucciones" a los magistrados, que "no pueden ser cesados, sancionados o perjudicados por el ejercicio de su labor jurisdiccional".
"La crítica a la imparcialidad o independencia del Tribunal Constitucional, sin fundamento en hechos objetivos, solo aporta deslegitimación a una función crucial en el Estado de Derecho", lamenta en referencia a las palabras de Alberto Núñez Feijóo. Para la asociación judicial, "es fundamental que los representantes políticos muestren moderación y coherencia en el respeto a las instituciones, pues el Tribunal Constitucional es el garante leal de nuestra Constitución y de los derechos fundamentales de la ciudadanía".
JJpD asegura que "las imputaciones que arbitraria e intencionadamente se le dirigen no tendrán más resultado que generar recelo y desafecto en la ciudadanía respecto de sus instituciones y del Estado de derecho".
Los miembros del TC, subraya, han sido designados "conforme a los procedimientos y las normas previstas para ello con un alto grado de consenso en las instituciones parlamentarias". Y su composición responde, por tanto, "a la decisión del Congreso y Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, que hicieron los nombramientos y se ajustan al marco legal que la Constitución y las Cortes han previsto", añade.
La crítica a las resoluciones judiciales, defiende, "es plenamente legítima" en la medida en que la libertad de expresión y opinión es "básica" en una democracia, pero JJpD precisa que lo criticable son las sentencias, "no el tribunal que las dicta, en cuya conformación intervienen quienes dispone la ley, por el procedimiento reglado y con las exigencias que exige el ordenamiento jurídico". Lo contrario, lamenta, "cuestiona nuestra organización institucional y las garantías que lo disciplinan".
"Una crítica que socava aspectos fundamentales para un tribunal, como su imparcialidad o independencia, además de no responder a más realidad que la subjetiva opinión de quien ve sus particulares intereses frustrados, sólo aporta deslegitimación a una función que resulta crucial en el Estado de derecho", sostiene. "El interés de unos no justifica destruir las instituciones de todos", advierte la asociación progresista.
De ahí que recalque que es fundamental que los representantes políticos se expresen "con moderación y respeto a las instituciones". "Deslegitimar el Tribunal Constitucional, criticar no sus resoluciones sino su composición, a la que todas las instituciones han contribuido, es una irresponsabilidad inaceptable", destacan. "Defender las instituciones es garantizar nuestro Estado de Derecho, una responsabilidad colectiva que nadie debe abandonar, sean cuales sean sus opiniones sobre una determinada sentencia", concluye el comunicado de JJpD.
