La necesaria y urgente reforma al Poder Judicial atrae los reflectores de los medios y se ha impuesto como eje central del debate público. No hay que escatimar, por supuesto, su gran trascendencia, pero tampoco olvidar que en el paquete de prioridades legislativas de la Cuarta Transformación hay otras cinco propuestas encaminadas a apuntalar los derechos de diversos sectores del país.
La doctora Claudia Sheinbaum ha expresado, en esa línea, que es “fundamental” la reforma del Artículo 2 de la Constitución, en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La iniciativa presentada el 5 de febrero pasado por el presidente López Obrador —y retomada por la virtual presidenta electa— busca reconocer a los pueblos indígenas y afrodescendientes como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Un buen número de organizaciones y representantes de los pueblos se han pronunciado a favor de esta reforma, que constituye un paso fundamental para el ejercicio pleno de sus derechos a la libre determinación, el ejercicio de la jurisdicción indígena y la adopción de sus propias formas de organización. La iniciativa se inscribe en la ruta trazada por los llamados Acuerdos de San Andrés, cuyo cumplimiento ha quedado pendiente.
Igualmente, con la reforma constitucional y la legislación secundaria se busca armonizar nuestro marco jurídico con los instrumentos internacionales a los que México se ha sumado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.
La iniciativa se inspira en la propuesta de reforma que en septiembre de 2021 fue entregada por el pueblo yaqui al presidente de la República. Tal propuesta fue resultado de un amplio proceso de consulta organizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Como parte de ese esfuerzo se realizaron 54 foros de consulta en 27 entidades y uno más entre población indígena que reside en Estados Unidos. En estos foros participaron más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias.
El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), un organismo con amplia representatividad, ha expresado su apoyo a la iniciativa y ha tendido puentes de diálogo con los legisladores para lograr su aprobación, dado que se trata de “un acto de elemental justicia”.
Para el CNPI, la iniciativa constituye “un acto de reivindicación de las diversas luchas históricas de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos a lo largo y ancho del territorio nacional que por siglos han sido negadas”.
En el centro de la propuesta está el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Así, se reconocerá la capacidad de los pueblos para hacerse cargo de sus asuntos, para “administrar los recursos públicos y ejecutar las obras comunitarias”.
La iniciativa propone llevar a la Constitución la obligación de consultar a los pueblos antes de llevar a cabo proyectos que podrían afectar sus territorios, así como asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios.
En lo que hace al ejercicio de recursos por las comunidades, se propone que se guíe por principios “compensatorios, equitativos, justos y proporcionales”.
También se reconoce el patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos y la propiedad intelectual colectiva sobre el mismo.
Durante el gobierno que está por concluir, la justicia para los pueblos indígenas ha sido una prioridad. Con 17 planes de justicia se han atendido demandas ancestrales, además de que se han desarrollado programas exitosos como los caminos artesanales y la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas.
Revertir una injusticia histórica es un camino complejo. Pese a los avances de estos años, la población indígena en situación de pobreza representa 65%, el doble que en el caso de no indígenas.
De ahí la importancia de la reforma que aquí se aborda. No hay que dar marcha atrás en lo logrado y hay que avanzar en la transformación del país.
