Fumigar plaguicidas desde medios aéreos como avionetas o helicópteros está explícitamente prohibido por la ley europea y española. A pesar de esta prohibición, en España se han fumigado durante los últimos cinco años con plaguicidas, en ocasiones no autorizados, 234.000 hectáreas de arrozales. Ecologistas en Acción ha presentado este miércoles el informe “Fumigaciones aéreas ilegales de plaguicidas: el caso concreto de los arrozales”, que analiza la legislación que ha incumplido las fumigaciones aéreas de plaguicidas durante los últimos años, centrándose en las realizadas sobre arrozales españoles. El informe incluye también la opinión del Defensor del Pueblo que declaró ilegales las fumigaciones aéreas realizadas con plaguicidas no autorizados para este método de aplicación, en respuesta a una queja de la ONG,
La normativa prohíbe la pulverización aérea como norma general. Solo permite excepciones si los métodos aéreos tienen claras ventajas para la salud humana y el medio ambiente o si no hay ninguna otra alternativa viable. En estos casos, las comunidades autónomas ostentan la competencia de otorgar autorización excepcional a la fumigación aérea de un plaguicida previamente permitido para este tipo de aplicación, indican desde la organización. Sin embargo, si se fumiga un plaguicida que, además, no ha sido autorizado para fumigación aérea, se requiere una segunda autorización excepcional, en este caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Según Ecologistas en Acción, durante los últimos siete años, se han concedido 34 autorizaciones excepcionales a plaguicidas empleados en el cultivo del arroz, de las que nueve se otorgaron a la fumigación aérea de plaguicidas. Estas autorizaciones fueron repetidas, rutinarias y sus causas, casi siempre económicas, incumplían los requisitos que exige la ley. Además, se fumigaron plaguicidas sobre espacios naturales protegidos sin realizar ningún estudio previo de evaluación de su impacto ambiental.
En 2021, Ecologistas en Acción solicitó al Defensor del Pueblo que estudiase la legalidad de las fumigaciones aéreas sobre arrozales. En marzo de 2024, el Defensor del Pueblo solicitó el cese de estas autorizaciones, que declaró ilegales. También declaró ilegales las que se puedan producir en el futuro. Por último, el Defensor constata que las autorizaciones al método aéreo se dan de forma sucesiva, sin tener en cuenta el carácter excepcional o especial que deben tener estas excepciones y sin transparencia por parte de las comunidades autónomas.
Desde la organización recuerdan que esta decisión no es vinculante, solo una recomendación que el Ministerio de Agricultura debería seguir, especialmente cuando es posible cultivar arroz sin aplicar plaguicidas, como demuestran las 1.300 hectáreas dedicadas en España a la producción ecológica del arroz. Kistiñe García, portavoz de la organización ecologista, ha declarado: “El Ministerio de Agricultura debe ayudar a la expansión del cultivo de arroz sin plaguicidas y oponerse a la competencia desleal que supone la importación de arroz con plaguicidas prohibidos en el Estado español”.
