La elección del 2 de junio fue una elección de Estado, en la que no se respetó ni el espíritu ni la letra de la ley.
Como hemos comentado, la elección del 2 de junio fue una elección de Estado, en la que no se respetó ni el espíritu ni la letra de la ley. Se financió la campaña oficialista con recursos públicos, se creó un ejército electoral (Siervos de la Nación) que también se pagó del erario, el Presidente intervino directamente en la campaña, atacando a la oposición e impulsando a su candidata, de forma que el triunfo de Sheinbaum, a pesar de ser legal, no es legítimo.
Evidentemente, esto no excluye otros elementos, como el deplorable papel de los partidos de oposición, los de la coalición abandonando a su candidata y los esquiroles haciendo lo suyo, ni el efecto de la burbuja de bienestar que poco a poco se desinfla.
Con todo, los votos a favor de la coalición oficialista apenas suman 55% del total, frente a 45% de la oposición. Es un claro triunfo (ilegítimo, ya decíamos), pero no es avasallador. Convertir ese 55% de los votos en casi 75% de los diputados será una ilegalidad adicional. No viola la letra de la ley, que es deficiente, pero claramente sí viola su espíritu, que consistía en evitar que una fuerza política controlase dos terceras partes de la cámara.
La coalición que violó la ley rumbo a la elección, y ahora lo hace después de ella, está proponiendo una reforma al Poder Judicial. El tamaño de la desvergüenza es inefable. Desde dentro de la Corte, defienden la reforma dos ministras que jamás debieron serlo. Una porque no cuenta con el conocimiento necesario para ello, la otra porque obtuvo su título mediante plagio. Añadiendo insulto a injuria, esta ministra ahora le pide a la presidenta de la Corte que renuncie. Tal vez porque ocupa el puesto que ella quería, y no pudo alcanzar cuando se hizo público el plagio de su tesis de licenciatura.
Un Presidente que ha mentido más de cien veces diarias, que no tiene respeto alguno por la ley, que construyó un triunfo ilegal en las elecciones, tiene el atrevimiento de acusar al Poder Judicial de corrupción. Propone destruirlo, para que los jueces sean electos. Bastaría buscar dónde ocurre eso para tener una idea de lo absurdo de la propuesta. Que además la haga un gobierno que ha renunciado a la procuración de justicia, desde la estrategia de “abrazos, no balazos” al uso totalmente faccioso de la fiscalía, insisto que nos deja sin palabras. Cinismo, desvergüenza, desfachatez, no alcanzan a calificar la miseria y podredumbre de esa fuerza política.
Ya hemos comentado también los riesgos asociados a este proceso. Si se negoció un Tratado de Libre Comercio para contar con los cimientos de seguridad jurídica que no podíamos construir internamente, debería ser muy claro que la pérdida de autonomía e independencia del Poder Judicial haría inviable la permanencia de los acuerdos internacionales. El efecto que eso tendría sobre la economía no creo que requiera detalles.
La única motivación es la venganza. De López Obrador contra quienes le impidieron arbitrariedades en los últimos tres años, de la plagiaria contra quien obtuvo el cargo que ella quería, de los morenistas contra quienes les ganaban elecciones democráticas y les impedían ocupar cargos para los que no están capacitados. Pero buscan una venganza mayúscula habiendo obtenido un triunfo minúsculo (e ilegítimo).
Si la democracia es un sistema que busca canalizar las diferencias de forma pacífica, su eliminación (que es justo lo que estamos viviendo) implica arriesgarse a que esas diferencias se conviertan en enfrentamientos. Cuando cerca de la mitad del territorio ya no lo controla el Estado, cuando el entorno global se ha hecho incierto, correr este tipo de riesgos no parece inteligente. No lo es.
