Decía Aristóteles hace unos 2.350 años que lo esencial para conservar la democracia es la seguridad jurídica. Que la democracia comienza a destruirse cuando la ley se aplica de forma diferente a unos u otros en función de intereses políticos. Y que una vez enferma, la democracia degenera en tiranía y acaba transformada en divinidad. Sería Montesquieu quien, en la Revolución Francesa, germen de la civilización de hoy, definiera la separación de poderes como base del Estado de Derecho: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, indpendientes y diferenciados.
De la Presidencia de EEUU a la impunidad de un acoso político en Galapagar (Madrid), pasando por tribunales que intentan tumbar al ejecutivo y las leyes del legislativo, la democrática se está hundiendo en el abismo. Y ya provoca en las personas conscientes un grave sentimiento de indefensión.
Añadía, por cierto, Aristóteles, como observador del fenómeno, que un síntoma inequívoco de degeneración democrática es la proliferación de demagogos. Hoy tenemos un completo de todos los indicios.
El Tribunal Supremo español ha decidido no aplicar la ley de amnistía dictada por el Poder Legislativo rebuscando argumentos para conseguirlo. “El auto es político. Retuerce la ley y los hechos con un descaro que da rubor. No habrá amnistía porque estos jueces se creen por encima de la ley”, explicaba aquí el profesor Joaquín Urías. Para el catedrático Javier Pérez Royo, “la fundamentación jurídica de los autos del Supremo sobre la amnistía es una cantinflada”.
José Antonio Martín Pallín, quien fuera fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, estima que las medidas dilatorias están destinadas al fracaso pero “comprometen el prestigio de nuestro sistema de justicia ante la comunidad internacional poniendo de relieve una peligrosa confrontación con el Legislativo y Ejecutivo con notorio quebranto del principio de la división de poderes, eje de todo sistema democrático”.
Frente a opiniones de alta cualificación, que los medios al servicio del PP vengan de esta guisa da idea del problema triple que tenemos en pilares fundamentales de toda sociedad: justicia, política, periodismo.
De tribunales afines sí sabe el PP. Uno de los jueces que confiesa sus intenciones políticas en sus autos jurídicos es Joaquín Aguirre, el que se sacó de la chistera “la trama rusa” contra Puigdemont, cuatro años después de ser descartada. El expresident ha anunciado hoy que se querella contra el juez Aguirre y pide que sea suspendido. De las andanzas de Aguirre también supimos el lunes en un audio de su viva voz: “La ley de amnistía se tumbó por mí”, “al gobierno le quedan dos telediarios alemanes” y se va a tomar “porculo”.
Tenemos por ahí a otro juez, Peinado, viviendo en un chalet con irregularidades notorias y obsesionado con encausar a Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, tras admitir la denuncia de los ultras de Manos Limpias. Algo que el PP de Feijóo y sus medios usan como hecho probado y sentenciado.
Y al súbito multimillonario, pareja de Isabel Diaz Ayuso, en paisaje con Quirón de fondo, pidiendo al Tribunal Supremo que encause al fiscal general del Estado. Un particular, como le llama la titular del ayusato madrileño, pidiendo al Supremo que le meta mano a otra alta autoridad del Estado. Por aclarar un bulo sobre el defraudador fiscal confeso. Solo describir parcialmente el engranaje, tizna.
Y todavía hay más: una jueza ha absuelto al ultra Miguel Frontera de acosar a Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa de Galapagar durante meses. No encuentra pruebas suficientes y sobre todo lo justifica por su labor de gobierno. Atentos, dice que no se pueden desligar las protestas de su contexto: “Decisiones del Gobierno que afectaron a toda la ciudadanía y por las que se recluyó en sus casas a la mayor parte de la población”.
La carga ideológica de la sentencia y su argumentación es terrible. Una pandemia que paralizó al mundo pero que, gracias a los confinamientos (mundiales), se evitó que la escalofriante cifra de 29 millones de muertos que hubo no llegaran a ser muchos más. Es incalificable que no sentencie ni siquiera el daño a los que fueron sometidos los hijos pequeños de Montero e Iglesias. Certero el periodista Manuel Jabois al comentar: “La impresión que deja esta sentencia es que, a falta de poder condenar a Iglesias y Montero, absuelven a sus enemigos”.
Debía preferir la libertad de las terrazas que, decretada por Ayuso, llevó a Madrid a liderar el aumento de la mortalidad en Europa. Lo difundió hasta Telemadrid antes de ser sometida a los rigores censores de Ayuso con el despido de buena parte de los periodistas sin contaminar. Sin dejar de insistir en el flagrante hecho de que siga impune su protocolo de la Vergüenza para las Residencias de ancianos.
Sorprende que nadie de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial diga ni media palabra de todo esto. Suscita más que dudas sobre el acuerdo al que llegó el PSOE con el PP. Visto lo visto estos días, se diría que no ha cambiado nada.
Y, sobre todo, llegados a este extremo de preocupante deriva democrática, que el jefe del Estado no haga uso de las obligaciones que detalla el artículo 56.1 de la Constitución española, por el que el Rey “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”.
Estados Unidos es hoy el espejo donde mirarnos para ver cómo acaban las trampas jurídicas de la política sucia. Si es que no tuviéramos bastante con nuestro pasado secular. La Corte Suprema ha decretado la inmunidad parcial de Donald Trump en sus varios y serios procesos. Es inmune en sus actividades como presidente, si algún juez en su momento cree que negarse a aceptar el resultado de las urnas e incitar el asalto al Capitolio fue algo personal se consideraría ese hecho, de momento el Tribunal lo ha dejado limpio de responsabilidad. Es una sentencia escandalosa cuyas bases Trump preparó con tiempo. Durante su mandato fueron nominados al cargo tres jueces de su tendencia -un récord absoluto en una sola legislatura- que han imprimido al alto tribunal una fuerte tendencia ultraderechista. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez prepara denuncias contra jueces de la Corte Suprema. “La Corte Suprema, dice, se ha visto consumida por una crisis de corrupción que escapa a su control”. Siempre el mismo esquema. Y mal asunto judicializar problemas donde no funciona adecuadamente la justicia.
Una sentencia que abre la puerta, pongamos por caso, a que Biden se niegue, por ejemplo, a abandonar la presidencia o hacer cualquier otra barbaridad. En el contexto actual de promoción y auge de los fascismos es como el remate. Se diría que Estados Unidos está ya camino de una tiranía, en donde el monarca no responde ante nadie. La Justicia que se fabrica tampoco. Puede que esa gangrena de la democracia haya comenzado o se haya agravado también en España, en el Ayusato madrileño, y aún es mucho más grave si la vemos extenderse por supremos y menores tribunales y por los medios cómplices.
Lo siento por los entusiastas de los fascismos y la corrupción: no tenemos tiempo ni energía para ver cómo se estozuelan con su elección. Es mejor para todos no disfrutarlo.
