El Gobierno aspiraba a ofrecer una imagen institucional, de Ejecutivo con sentido de Estado, tras la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía en los términos pactados por Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont. Es decir, que se aplicase también a la malversación de caudales públicos para que el líder de Junts pueda dejar su residencia en Vallespir (Francia) y volver a Cataluña sin ser detenido. Moncloa quería presentarse con un discurso de respeto a las instituciones públicas -con presiones camufladas contra el Tribunal Supremo- para desmarcarse del líder del PP, A ...
