Los servicios jurídicos del Senado, en línea con los del Congreso, plantean "dudas de constitucionalidad" a la maniobra
La ley de paridad ha llegado ya al Senado para continuar con su tramitación. En este sentido, ayer mismo superó el trámite de la Mesa, aunque con la advertencia de los letrados, quienes señalaron que incluir la supresión de la capacidad de veto del Senado a los Presupuestos a través de la ley de paridad puede ser inconstitucional. Es decir, los servicios jurídicos de la Cámara Alta se han pronunciado en la misma línea que los del Congreso. En un informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los letrados del Senado plantean la «duda» sobre la constitucionalidad de la maniobra del Gobierno para quitar competencias al Senado por «no cumplir el requisito de la congruencia» con el objeto de la ley de paridad.
En concreto, el Gobierno trata de colar una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el proyecto de ley de paridad: como es evidente, ambas leyes no guardan conexión y, por tanto, se produce una «incongruencia». Además, teniendo en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, esa maniobra podría ser inconstitucional. La reforma que quiere hacer el Gobierno de la Ley de Estabilidad Presupuestaria busca suprimir la capacidad que tiene ahora mismo el Senado de impedir la aprobación de los Presupuestos, ya que la Cámara Alta puede bloquear las Cuentas si tumba los objetivos de deuda y de déficit. Para blindar los Presupuestos, el Ejecutivo ha optado por una reforma legislativa, aunque lo quiere hacer de forma «exprés» y eso puede costarle la inconstitucionalidad.
No obstante, de momento, tampoco parece que el PP vaya a presentar un recurso pese a que sí que hay voces dentro del partido que lo defienden. La línea que están siguiendo los populares es la de optar por evitar acudir al Tribunal Constitucional porque consideran que está actuando al servicio del PSOE, como ha quedado reflejado en varios pronunciamientos. Por tanto, acudir al TC supone previsiblemente una derrota porque daría la razón al Gobierno pese a que la jurisprudencia es clamorosamente favorable al PP, según los cálculos de Génova.
Mientras tanto, PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, continúan ignorando los pronunciamientos de los servicios jurídicos. En este sentido, ambas formaciones rechazaron ayer el escrito de reconsideración que presentó el PP para que retiraran la enmienda que quita competencias al Senado. Fuentes populares critican que PSOE y Sumar han rechazado los argumentos del partido de Alberto Núñez Feijóo «sin motivar ni justificar la introducción» de la enmienda. «No han sabido ni podido justificar unas enmiendas que no tienen ni una mínima conexión con la igualdad ni la paridad, además de que han tomado una decisión contraria al informe de la letrada, que advertía de la inconstitucionalidad de las enmiendas», señalan las mismas fuentes, haciendo alusión al informe de la letrada del Congreso. «De nuevo, los partidos del Gobierno han perpetrado una arbitrariedad y, en este caso, claramente en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional», zanjan.
Lo cierto es que no solo la enmienda que quita competencias al Senado estaba bajo sospecha de inconstitucionalidad. También lo estaba otra que busca reformar la Ley del Gobierno para poder aplicar el Tratado firmado con Francia hace año y medio para que ministros franceses pueden asistir a Consejos de Ministros de España cada tres meses. Esa enmienda no solo tiene el mismo problema que la otra, que es la falta de «congruencia» con el texto de la ley de paridad, sino que también cabe añadir que no es suficiente para la aplicación del Tratado.
En este sentido, tal y como ya avanzó LA RAZÓN, el informe de los letrados del Senado señala que dicho Tratado puede «ser contrario» a la Constitución y, por tanto, no es suficiente la reforma de la Ley del Gobierno sino que también se puede necesitar la reforma de la Carta Magna por la «contradicción» que supone con los «artículos 13, 23 y 98 del texto constitucional». No obstante, este pronunciamiento de los letrados del Senado ha sido a modo «preventivo» ya que la enmienda no se ha acabado incorporando, pero «por si en el futuro se pudiera volver a presentar».
La ley de paridad tiene 20 días de tramitación en el Senado, hasta volver al Congreso.
