Registro Inmobiliario abrió investigación tras consulta del diputado del Frente Amplio, Ariel Robles.
Bosques en manos de particulares, que la Sala IV ordenó devolver al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en el 2019, carecen de advertencias administrativas en el Registro Inmobiliario, del Registro Nacional, según corroboró La Nación.
Solo existe una alerta y surgió el mes pasado, luego de una consulta del diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio, vinculada a una investigación del Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de tierras en esa zona protegida, localizada en Talamanca (Limón).
De las 137 fincas, la excepción fue la N.° 7-48141 (plano catastrado 7-942968-1991), a nombre de la empresa Playa Manzanillo S. A., a la cual el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) otorgó permisos de tala. En esas autorizaciones se centran las pesquisas de la Fiscalía Ambiental.
Esa única advertencia administrativa se basó en el informe DIG-TOT-INF-050-2021, del 20 de mayo del 2021, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que está bajo la tutela del propio Registro Nacional.
En ese documento se evidencia que la propiedad de 12,2 hectáreas invade en un 20% la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), es decir, parte restringida del litoral que, además, debe volver a quedar dentro del Refugio como bosque.
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Ariel Robles envió una consulta al Registro Inmobiliario el 22 de mayo y ocho días después la advertencia estaba vigente. En una nota de respuesta, el subdirector catastral a. i., Rolando Rojas Rojas, le indicó que ese “oficio (el del IGN) no fue puesto en conocimiento del Registro Inmobiliario y, que por esa razón no se había iniciado el procedimiento de gestión administrativa”.
No obstante, afirmó Rojas, como ya se enteraron de su existencia, decidieron abrir una investigación administrativa para determinar si existe una inexactitud en la publicidad registral del inmueble.
“Ante la presunta afectación a terrenos demaniales por parte de la finca matrícula de Limón 48141, se ha ordenado la apertura del expediente 2024-509-RIM”, consignó el subdirector a. i. en nota N.° DRI-03-0349-2024.
Solo esa propiedad está bajo investigación en el Registro Nacional, a pesar de que la Procuraduría General de la República, con información del Sinac y estudios del IGN, enumeró 137 fincas que poseen algún porcentaje de cobertura boscosa, invaden Zona Marítimo Terrestre o tienen humedales, y deben volver a ser parte del Refugio.
Estos terrenos pasaron a manos privadas gracias a una ley aprobada en el 2014 para reconocer derechos a los habitantes del Caribe sur (ley 9223). Sin embargo, en el 2019, la Sala IV la declaró inconstitucional por haber incluido territorios que formaban parte de la zona boscosa.
En la advertencia además, se previno al representante legal de Playa Manzanillo S. A., Allan Pacheco Dent, para que señalara los medios de contacto a donde se debían enviarle las eventuales resoluciones.
El abogado de Pacheco Dent, Roberto Soto Vega, dijo que están al tanto de la situación y que ya se está resolviendo el tema con un nuevo plano.
“Nunca hemos negado que la finca de don Allan tiene un plano muy viejo que, en teoría, tiene una sobreposición con un pequeño sector de la ZMT. Ese sector se ha respetado, es 100% del Estado y no se ha tocado un árbol, ni se ha invadido esa área.
“Don Allan ya había iniciado la elaboración de un nuevo plano para excluir esa área y, gracias a nuevas tecnologías topográficas y catastrales, se identificó esa sobreposición que se está corrigiendo y que no tenemos reparo en reconocer que es absolutamente demanial. Con el nuevo plano se está respetando. Ya se está en el trámite y nuestros topógrafos ya trabajan en la corrección”, explicó Soto Vega.
Pacheco Dent actualmente funge como representante propietario del sector privado en la Comisión Fílmica Nacional, que procura alianzas entre el sector público y privado a favor de realizaciones y producciones cinematográficas y audiovisuales. Su nombramiento se divulgó en el diario oficial La Gaceta N.° 96, del 31 de mayo del 2023, como parte de una serie de acuerdos del Poder Ejecutivo.
