Informes de Contraloría registran un perjuicio económico en Petroperú como resultado de deficiencias en la gestión de diversos servicios. Asimismo, identifican una presunta responsabilidad civil y administrativa en ocho funcionarios de la entidad.
La Contraloría General de la República comunicó los resultados de tres informes de control realizados a la empresa Petroperú. Según el organismo, existe un perjuicio económico de S/3 millones 615.091 debido a una serie de deficiencias en la gestión de servicios contratados por la petrolera estatal, lo que ha llevado a determinar una presunta responsabilidad civil y/o administrativa en ocho de sus funcionarios.
Los informes de control hacen referencia a negligencias en las estructuras colapsadas en la estación 1 del oleoducto Norperuano (ONP), ubicado en la región Loreto, el mantenimiento de horno en la Refinería de Talara (Piura), así como el transporte de hidrocarburos entre Pucallpa (Ucayali) y la refinería de Iquitos (Loreto). Por estos hechos, la Contraloría recomendó al titular de Petroperú realizar las acciones que permitan al órgano competente efectuar el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los involucrados.
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De acuerdo con el informe del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 020-2024-2-0084, correspondiente al periodo de evaluación de abril de 2016 a septiembre de 2018, se contrataron servicios de restitución de ribera y relleno de arena en la Estación 1 del Oleoducto Norperuano (ONP), que está localizado en la región Loreto, por las sumas de S/ 1 millón 920.803,11 y S/ 593. 273,50, respectivamente.
Dichos servicios fueron solicitados debido a una avería reportada en 2016 por parte del Supervisor de Estación, ya que la ribera del río Marañón había erosionado, poniendo en riesgo la infraestructura del ONP. A pesar de los trabajos realizados, la estructura metálica construida se derrumbó el 4 de julio de 2018, causando una pérdida económica para Petroperú de S/ 2 millones 514.076,61. Al respecto, una comisión de control inspeccionó la zona involucrada el 22 y 23 de abril de 2024 y constató que la dicha estructura metálica con pilotes y planchas de acero había colapsado.
De esta forma, el informe de Contraloría establece que Petroperú no llevó a cabo una correcta elaboración y determinación del requerimiento del servicio de restitución de ribera al no considerar aspectos técnicos como las cargas sobre la estructura metálica, el estudio de mecánica de suelos, la condición física mecánica de las tuberías empleadas como pilotes y la profundidad de hincado de estos, lo cual no cumple con lo establecido en el Reglamento de Adquisición y Contrataciones de Petroperú, y en las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, provocando así la caída de la estructura metálica al río Marañón.
Finalmente, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil en dos funcionarios de la compañía estatal, y recomendó al titular de Petroperú que, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado, inicie acciones civiles contra los implicados en los actos irregulares, con el fin de determinar las responsabilidades correspondientes.
El informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 018-2024-2-0084, cuyo periodo de evaluación fue del 31 de diciembre de 2015 al 23 de julio de 2021, demostró que se causó un perjuicio económico de S/ 264. 987.00 a Petroperú debido al mayor pago del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2017, lo que llevó a determinar una presunta responsabilidad civil en dos funcionarios de la empresa estatal.
Dicha situación se originó por la negligencia de los funcionarios de Petroperú al no asegurarse de que la capitalización del Mantenimiento Mayor del Horno de Proceso – Activo N° 204733-10 “XIII Inspección General UDP – Planta de Tratamiento”, ubicado en la Refinería de Talara (Piura), se realice en diciembre de 2015 con una vida útil de cinco años, sino que se efectuó con una vida útil de 15 años, lo que no cumplía con la normativa aplicable.
La situación mencionada fue corregida el 21 de agosto de 2017 en el Sistema ERP-SAP, generando un gasto de depreciación de S/ 898.261 que no fue considerado deducible para el cálculo de la renta neta del ejercicio gravable 2017. Este gasto se relacionó con ejercicios anteriores (Diciembre 2015 y Enero a Diciembre 2016), donde se incluyó este concepto para determinar la renta neta imponible. Como consecuencia, se produjo un aumento en el pago del impuesto a la renta por S/ 264.987.
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En el caso del informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 015-2024-2-0084, cuyo periodo de evaluación fue del 20 de diciembre de 2022 al 28 de agosto de 2023, este analizó la ejecución del servicio integral de operaciones fluviales de embarque y descarga de hidrocarburos en Pucallpa (Ucayali) a cargo de una empresa privada de logística.
Durante ocho meses y ocho días aproximadamente, se llevaron a cabo 58 embarques entre el puerto del operador privado en Pucallpa y la Refinería Iquitos, que pertenece a Petroperú en Loreto. Como resultado, se determinó un perjuicio económico de S/ 836.027.78 debido a la falta de debitar al operador privado los excedentes a los Límite Máximo Permisible (LMP) por variaciones volumétricas en 24 embarques, totalizando 1922.29 barriles.
A pesar de esto, al finalizar el servicio no se estableció el importe a debitar a la contratista, pero se otorgó conformidad al servicio prestado, se devolvieron las cartas fianzas y se pagaron las facturas sin garantía para proteger los intereses de Petroperú.
Debido a estos hechos, el informe de Contraloría encontró presunta responsabilidad civil y administrativa en cuatro funcionarios de la petrolera estatal y se recomendó al titular de Petroperú que realice las acciones necesarias para que el órgano competente pueda determinar las responsabilidades correspondientes de los involucrados. Finalmente, se propuso que a través de los organismos encargados de la representación legal para la defensa de los intereses del Estado, se inicie las acciones civiles contra los funcionarios implicados en los hechos irregulares.
