La reunión del Comité de Crisis de Igualdad, convocada tras la última oleada de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, vino ayer a poner en escena la impotencia del Ejecutivo para pasar de las palabras a los hechos y frenar una lacra que en lo que va de año se ha cobrado las vidas de diecinueve víctimas. No basta con izar la bandera del feminismo, habilitar una Secretaria de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres o destinar fondos a través de las más diversas iniciativas –policiales, educativas, asistenciales– para prevenir una forma de violencia que se desarrolla de manera subterránea, imperceptible para un sistema de protección y vigilancia al que solo acudieron tres de las diecinueve mujeres asesinadas en 2024. La estadística del desamparo acompaña a una tragedia que no remite y cuyas víctimas, más de un millar desde que existen registros, poco saben del enorme aparato, saturado de palabras, habilitado para ampararlas.
