El Tribunal Constitucional prosigue el desmantelamiento de las condenas de los ERE, caso que supuso uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia y que afectó de lleno al PSOE de Andalucía. Otra vez por una mayoría de siete votos a cuatro, el tribunal de garantías ha estimado parcialmente el recurso de amparo interpuesto por Miguel Ángel Serrano, ex director general de IDEA, lo que permite augurar resoluciones análogas para quienes ostentaron cargos más altos en la administración andaluza. Esta decisión resulta insólita por cuanto enmienda, de facto, las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo. Y para abundar en la falta de estética de la resolución, cabe recordar que la ponencia está firmada por Inmaculada Montalbán, quien fuera condecorada por José Antonio Griñán, otro condenado en firme cuyo recurso está previsto que se aborde en el pleno del próximo 16 de julio. Según han confirmado a este diario juristas de reconocido prestigio, la resolución, además de ser impropia en su razonamiento jurídico e insólitamente tolerante con la corrupción política, estaría excediendo las competencias del propio órgano. Según la doctrina del TC, «la interpretación última de los tipos sancionadores» es ajena a su jurisdicción por lo que esta institución, que no forma parte del Poder Judicial, jamás debería actuar como una última instancia juzgadora, sino meramente como un tribunal de garantías. La redefinición de sentencias o, incluso, la valoración de pruebas sobre cosas ya juzgadas equivaldría a convertir un órgano político en un instrumento capaz de subvertir las decisiones adoptadas en sede judicial. Algo que, de facto, convertiría cualquier sentencia emitida por un tribunal en materia revisable por un órgano de naturaleza política. Dos semanas después de que a la exministra socialista Magdalena Álvarez se le borrara parcialmente su condena en firme por prevaricación, el TC da ahora un paso más al anular una sentencia por un delito de malversación. Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno blandiendo una retórica de tolerancia cero con la corrupción, pero su trayectoria parece desdecir los altos estándares que invocó en aquellos días. Toda decisión que sugiera una suerte de inmunidad penal para la corrupción política menoscaba, y con razón, la confianza de los ciudadanos en la justicia. Resulta, por ello, poco comprensible la indignación impostada con la que la ministra Alegría señala a quienes dudan de la imparcialidad del tribunal de garantías. En el Constitucional se sientan hoy un exministro socialista, una ex directora general, un antiguo fiscal general del Estado y una galardonada por Griñán, miembros todos con unos historiales personales que no parecen reforzar una apariencia de independencia y cuyos nombramientos demuestran, al menos, falta de prudencia y decoro. La reputación de un órgano debe protegerse también desde sus instrucciones de comunicación. Tal y como hoy informa este periódico, se ha impedido incorporar en los comunicados de prensa del Tribunal Constitucional los argumentos de los magistrados que han votado en minoría. Intentar hurtar a la opinión pública las razones de quienes han formulado un voto particular supone un ejercicio de falta de transparencia contrario a la naturaleza de la institución. En cualquier caso, parece evidente que la desconfianza en las instituciones seguirá creciendo mientras veamos a órganos políticos enmendar condenas de corrupción que afectan a la propia clase política. Sea en los Estados Unidos con Donald Trump o en España con los socialistas implicados en el escándalo de los ERE.
