Los magistrados del Tribunal Constitucional que este martes se opusieron a la sentencia de la mayoría progresista con la que se desmontaron las condenas por malversación en el caso de los ERE andaluces de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo denuncian que el presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, silencia los argumentos de los votos particulares contra la decisión. Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel se opusieron a estimar el recurso de amparo de Miguel Ángel Serrano, exdirector general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) que cumplía condena en Sevilla desde 2023 por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación. Fue condenado a las penas de seis años y medio de cárcel e inhabilitación absoluta durante 17 años. La mayoría del Pleno apoyó la sentencia ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán en la que se consideró que «la condena del recurrente por el delito de malversación es contraria al derecho a la legalidad penal (art. 25.1 de la Constitución Española). Así se expuso en la nota informativa con la que el tribunal avanzó, como suele hacer, la decisión del Pleno. En ésta también se especificó los magistrados que presentaron voto particular contra la decisión. Sin embargo, el informe de prensa no recogió, a diferencia de los votos a favor, los argumentos de los votos discrepantes. Los magistrados que se opusieron a la mayoría denunciaron a ABC que esto fue así por decisión del presidente Cándido Conde-Pumpido, que no sólo dispuso que no se reflejara su parecer sino que extendió la decisión a futuras notas de prensa emitidas por el Tribunal, lo que consideran, les silencia. Normalmente, el Tribunal Constitucional avanza el resultado de las votaciones del Pleno en una nota en la que se expone la decisión de la mayoría, los derechos que se ven vulnerados en caso de que se trate de la admisión de un recurso de amparo y también se hace referencia a los votos en contra, quiénes los han emitido, y sus argumentos. Dicha nota se avanza unos días antes de enviar a los medios de comunicación la sentencia íntegra, acompañada también del texto completo de los votos particulares. Precisamente la difusión de la sentencia en su totalidad tarda unos días para poderla acompañar de dichos votos discordantes. En ocasiones, los periodistas dan más relevancia informativa al contenido de los votos particulares que a la propia sentencia, por lo que los magistrados denunciantes consideran que con la decisión de Conde-Pumpido se evitaría ese hecho.
