Tras el inicio del segundo día del juicio contra Keiko fujimori, el partido político Fuerza Popular y más de 40 investigados. Este martes 2 de julio, durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez sostuvo que entre los testigos citados a declarar se encuentran Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio del Banco de Crédito del Perú (BCP) y Credicorp, y Enrique Gubbins Bovet, empresario y sobrino del fallecido Juan Rassmuss Echecopar. Estos testimonios serían fundamentales para esclarecer las acusaciones de financiamiento ilícito de las campañas presidenciales de Fujimori en 2011 y 2016.
Según el fiscal, entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, Romero Paoletti retiró 17 veces dinero en efectivo de la bóveda del BCP, sumando un total de 3.650.000 dólares. Estos retiros se habrían realizado en la agencia del banco en La Molina y, según las acusaciones, el dinero habría sido entregado directamente a Keiko Fujimori, en su calidad de congresista de la República, sin dejar rastro en la contabilidad oficial.
Asimismo, las operaciones descritas por el fiscal Domingo implicarían violaciones a las leyes del sistema financiero peruano, que prohibirían financiar actividades políticas con fondos bancarios no declarados. Ante ello, funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros tendrían que corroborar en el juicio que estos retiros violaron la normativa vigente. Además, se esperaría que Romero detalle cómo estas entregas se realizaban de manera personal, en lugares privados, como la casa de Martín Pérez Valverde.
Por otro lado, Enrique Gubbins Bovet también estaría implicado en el presunto financiamiento ilícito de las campañas de Fujimori. Gubbins declararía sobre la entrega de $7.670.000 dólares en efectivo, fondos que, según las investigaciones, provienen de operaciones simuladas de la empresa Sudamericana de Fibras, propiedad de su tío Juan Rassmuss Echecopar. Estos montos habrían sido recolectados por miembros de la cúpula de Fuerza Popular, incluyendo a la propia Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella.
De igual forma, la acusación sostendría que este dinero nunca fue declarado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo cual constituiría una infracción grave a las normas de financiamiento electoral en Perú. Las operaciones simuladas descritas en la investigación sugerirían un esfuerzo deliberado para ocultar el origen y destino de los fondos, evadiendo así los controles financieros y tributarios.
