Denuncian el "irreparable" al diálogo social, su "injerencia" en las decisiones empresariales y por "legislar al margen de las empresas
Las pymes han dicho basta. Tras el último desencuentro en la mesa de diálogo social por la reducción de jornada, los empresarios amenazan con movilizaciones y manifestaciones, incluso con un paro patronal como medida extrema para hacer recapacitar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que cambie su "alarmante intransigencia" por la "vuelta al diálogo social y no quedarse en el monólogo que practica". Así lo ha vuelto a manifestar en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que ha advertido al Gobierno de que "hay pymes que piden directamente un paro patronal", medida que ya no se descarta y que se podría tomar en el corto plazo si el Ejecutivo mantiene su "intervencionismo", su "injerencia" en las decisiones empresariales y en su intención de "legislar al margen de las empresas".
Un primer paso antes de la medida extrema del paro empresarial será la lectura de un manifiesto contra el Gobierno en general y contra la ministra Díaz en particular "ante la aprobación continuada de medidas intervencionistas en contra de la empresa española", explicaron a LA RAZÓN fuentes de Cepyme, que realizarán este acto al final de la Asamblea General que tendrá lugar mañana, y cuyo será ratificado por todos los representantes de las pequeña y mediana empresa y por todos los órganos ejecutivos de la Confederación, que exigirán "el cese la injerencia gubernamental en la empresa".
Entre las reclamaciones más importantes de este manifiesto no faltarán las quejas por la falta de respeto a las negociaciones de los convenios colectivos entre patronales y sindicatos, las acusaciones de injerencia externa en las decisiones privadas empresariales y el intervencionismo en las tablas salariales y en el ordenamiento interno de las empresas. Cuerva ha defendido que empresarios y sindicatos son expertos en sus sectores y territorios y que "nadie, en su sano juicio, elimina la opinión de los expertos cuando tiene que tomar una decisión". En el mismo sentido, ha incidido en que no puede ser que "el Gobierno decida legislar sobre la organización de las empresas. Y quien conoce mejor qué puede hacer, qué puede hacerse y qué no, en términos de salario mínimo, de reducción de jornada, de teletrabajo o de organización de las empresas, son quienes precisamente están a pie de obra, empresarios y sindicatos".
Para Cuerva, que ha centrado sus quejas en la última polémica sobre la reducción de jornada, la pregunta es evidente: "¿Cree el Gobierno que los delegados sindicales que negocian esos convenios son menos competentes o menos exigentes que los del sector de la construcción, por ejemplo, donde la jornada está entre 37,5 y 38,5 horas? Obviamente la respuesta es que no. No son menos competentes ni menos exigentes. Y desde luego la ministra de Trabajo el secretario de Estado los saben".
Por ello, desde Cepyme insisten en que debe volver a primar "el valor del diálogo social y la negociación colectiva, el que le da los expertos en la empresa de cada territorio y cada sector. Saltárselos para imponer programas ideológicos, para imponer medidas sin memoria económica ni valoración, no tiene justificación alguna. No se puede considerar demócrata sólo a los que están de acuerdo con un miembro del Gobierno. Es una falta de respeto y una intransigencia que es alarmante".
Desde la patronal se recuerda los principales incumplimientos llevados a cabo por el Gobierno: se está incumpliendo o cambiando "sistemáticamente" muchas medidas de la reforma laboral; no se tienen en cuenta razones objetivas en la subida del salario mínimo interprofesional, que "deberían haberse cerrado siempre con acuerdos con los empresarios"; la reducción de la jornada "merecía una negociación real" y la reforma del subsidio de desempleo "debería haberse abordado en una mesa de negociación junto a la mejora de la empleabilidad, y no hacer una modificación de la prevalencia de los convenios autonómicos "por un interés de dos partidos"; o que que se haya hecho la reforma del propio CES "sin contar con el propio CES". Además, han apuntado el último desencuentro: ""Ninguna reducción de jornada en Europa se ha hecho de forma unilateral y sin contraprestación o compensación alguna para las empresas".
Por último, el presidente de Cepyme ha acusado directamente al Gobierno de querer usurpar el modelo del diálogo social y cambiarlo por otro que incluye organizaciones afines a sus planteamientos y postulados políticos, en alusión a Conpymes, Pimec o Uatae como interlocutores del Gobierno. "De pronto se quiere cambiar el modelo de representatividad para contar con interlocutores y amigos en un diálogo social a medida. Y yo no puedo sino rebelarme ante ello y denunciarlo, porque me parece que eso genera un daño del que no sé si podremos recuperarnos, si el modelo es que sindicatos y organizaciones empresariales de partidos políticos sean los protagonistas del diálogo social", criticó Cuerva, que remarcó que "saltarse la negociación colectiva para imponer medidas sin memoria económica sólo puede conducir a un mal resultado para empresas y trabajadores".
