El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont se ha querellado por un delito de prevaricación y otro de malversación contra el juez de Barcelona Joaquín Aguirre al considerar “evidente” que el juez “ha exteriorizado su ánimo de prevaricar” al proseguir con la investigación de la trama rusa del procés pese a la orden de la Audiencia de Barcelona que se lo impidió. El expresident también ha solicitado que el magistrado sea suspendido de forma cautelar al frente de las pesquisas de la supuesta injerencia del Kremlin en el procés.
El delito por el que Puigdemont interpone la querella es el de prevaricación, que castiga con penas de inhabilitación de dos a seis años a los togados que dicten una resolución injusta a sabiendas de su injusticia. También por el de malversación, castigado con penas de hasta ocho años de cárcel. Será el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), instancia ante la que Aguirre está aforado, el que decida, previa consulta a la Fiscalía, si admite a trámite el caso e investiga al magistrado.
A juicio de la defensa del expresident, la resolución del pasado viernes del juez Aguirre que siguió investigando la trama rusa pese a la orden de la Audiencia de Barcelona que se lo impedía cumple con los tres requisitos de la prevaricación judicial: que el autor sea un juez que dicta una resolución “injusta” y (lo más difícil de probar en casos de prevaricación judicial) que el magistrado que ha dictado la resolución ilegal sea plenamente consciente de esa injusticia.
Entiende Puigdemont que Aguirre dejó varios rastros del delito en su última resolución sobre la trama rusa. Esto es, que el juez, de alguna manera, se autoinculpó. La defensa del expresident pone especial atención en las dos páginas con las que el juez se dedicó a justificar por qué proseguía su investigación de la trama rusa pese a la orden de la Audiencia de Barcelona, sus superiores jerárquicos, para cerrarla.
El magistrado admitió que seguir investigando la trama rusa suponía una “solución alternativa a las objeciones” que le había puesto la Audiencia de Barcelona, pero que debía hacerlo “por razones de equidad y justicia y de importancia histórica para la Unión Europea”.
El juez Aguirre también reconoció que la orden de la instancia superior “abocaba a un sobreseimiento de la injerencia rusa por falta de instrucción suficiente”. La “solución alternativa” que halló el magistrado fue abrir una pieza separada nueva, a partir de otra distinta a la que le habían tumbado, para investigar los mismos hechos que sus superiores le habían impedido investigar.
Todo ello lleva a Puigdemont a considerar “evidente” que el juez “ha exteriorizado su ánimo de prevaricar, de torcer el derecho y de incumplir” lo que le ordenó la Audiencia de Barcelona con un único objetivo: “Satisfacer su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado al sobreseimiento libre”.
La querella contra un juez supone un salto nunca visto durante el procés. Pese a discrepar con contundencia de muchas resoluciones, ninguno de las decenas de investigados por distintos hechos del proceso soberanista había dado el paso de querellarse contra un magistrado. Las sentencias y autos se habían combatido mediante los recursos habituales que prevé la ley. Pero con el juez Aguirre todo ha cambiado.
