Una de las grandes preocupaciones de muchos propietarios es hacer frente a la okupación de una vivienda . Si se produce esta situación, la Policía Nacional explica que no se pueden cortar los suministros de agua, luz o gas ya que esas conductas podrían «constituir un delito» . Para evitar que una vivienda sea okupada los agentes recomiendan intercambiar medios de contacto con los vecinos para poder ser localizados y avisados si se intenta cometer este delito, no publicar imágenes en redes sociales de los planes vacacionales o instalar mecanismos de seguridad como, por ejemplo, que el bombín de la puerta sea «precortado». No obstante, tanto si se han tomado medidas como si no, se siguen dando casos de okupación en nuestro país. Es entonces cuando empieza un proceso legal que se puede dilatar varios meses hasta que se consigue la expulsión de los okupas. Como explican desde Zarzo Fincas, «si logras demostrar que los okupas han ocupado tu inmueble en las últimas 48 horas , la policía puede proceder al desalojo sin necesidad de una orden judicial ». En caso contrario, selañan que se inicia la vía judicial donde se puede interponer una demanda por la vía civil por desahucio o penal por un delito de usurpación de bienes inmuebles. Aún así, los tiempos de resolución y echar a los okupas de la vivienda de manera definitiva pueden ser variables. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 en Castilla y León , los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas tuvieron una duración media de 15,2 meses . En 2018 era de 4,8 meses. Estos datos también los recoge el portal inmobiliario Idealista que a estos procedimientos verbales les suma las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles. En ese caso, el CGPJ sitúa estas en Castilla y León en una media de 20,7 meses . Siguiendo este cálculo, en Castilla y León el plazo total se elevaría hasta los 35,9 meses de media, estando esta comunidad a la cabeza de España.
