Tras el verano habrá ya un diseño preliminar de la futura Ciudad de la Justicia; en diciembre estará lista la maqueta; y en mayo de 2025 comenzarán las obras. Este es el cronograma que maneja la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid para el que sin duda es uno de los proyectos emblemáticos de la legislatura: la unificación de sedes judiciales que se lleva intentando desde hace más de 20 años. Los primeros traslados de funcionarios se producirían, si se cumplen los plazos, en el límite de la legislatura o al inicio de la siguiente. Hace sólo unos días se dio a conocer la propuesta de adjudicación provisional de la redacción de proyectos y ejecución de obra de los lotes 1 y 2: el primero, para OHLA-Azvi-Rover, por 161 millones de euros; y el segundo para Dragados-Acciona, por 378 millones de euros, ambos antes de impuestos. El lote 1 incluye la construcción del aparcamiento público y los edificios del Tribunal Superior de Justicia y las audiencias provinciales. El lote 2, la construcción de la jurisdicción civil, penal y la Fiscalía. Al concurso se presentaron 13 grandes empresas, agrupadas en cinco UTE (unión temporal de empresas). Los siguientes pasos van a ser formalizar la adjudicación y el contrato (previsto para este verano). Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha destacado que finalmente, una vez aplicadas las bajas, se invertirán 653 millones de euros. Esta de la Ciudad de la Justicia es la más importante de las iniciativas de construcción de infraestructuras en Madrid, y obedece a un largo deseo de los responsables políticos populares que, tras varios intentos frustrados, va a conseguir materializar Isabel Díaz Ayuso. Pero no es la única: en su balance del año que lleva en el cargo, Miguel Ángel García ha destacado que se va a actuar sobre un 90 por ciento de las 570 sedes judiciales de la región, con una inversión que en conjunto –e incluyendo la Ciudad de la Justicia– va a sumar 830 millones de euros. Parte de estas mejoras ya se han llevado a cabo: en 2023 se inauguraron los nuevos juzgados de Valdemoro, y se encuentran muy avanzadas las obras de los nuevos palacios de Justicia de Getafe, que entrarán en funcionamiento este año, y de Torrejón de Ardoz, cuya actividad empezará en 2025. Además, se han abierto cinco nuevos juzgados –dos de lo penal y dos de lo social en Madrid–, y uno de primera instancia en Arganda del Rey. Las siguientes actuaciones van a ser estas: por un lado, el Palacio de Justicia de Móstoles, que será el segundo más grande de España tras la Ciudad de la Justicia, con una inversión de más de 31 millones de euros. Su construcción arrancará este año, junto con el de Collado Villalba. También se rehabilitarán los edificios judiciales de Leganés, Alcorcón, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada. El consejero ha insistido en reclamar al Ministerio de Justicia dotaciones para la región, a la que no ha enviado «ni un solo euro, ni siquiera de los fondos Next Generation» ,y también le ha pedido la suficiente dotación de jueces y fiscales y de funcionarios de justicia: de 470 plazas pedidas el año pasado para acabar con la temporalidad, sólo consiguieron 174, denuncia. En materia legislativa, destacó que ya han identificado en torno a 40 textos normativos en los que eliminarán términos peyorativos relativos a la discapacidad, según la ley que llegará a la Asamblea a finales de este año.
