La Defensoría de los Habitantes, Angie Cruickshank, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, a quien acusa de no responder consultas sobre la ejecución de la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus”.
Según explicó la Defensoría, desde el 3 de abril de 2024, la Defensoría envió una lista de consultas al ministro sobre los resultados del programa, pero Zamora no ha contestado algunas de ellas, bajo el argumento de que primero debe emitir un plan de acción previsto para octubre.
“Para esta Defensoría, ninguna de las consultas que quedaron sin responder requiere la emisión de un plan de acción, por lo que no es de recibo dejar de informar sobre las actas y reglamentación del ‘Consejo de Seguridad Nacional’ establecido en la política, las metas de reducción de delitos previstas en la política, las fuentes de financiamiento que garanticen sostenibilidad a la política o los mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, entre otros aspectos”, explicó la institución.
La Nación intentó contactar al ministro Zamora para obtener su opinión al respecto; no obstante, hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
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“El plan de acción es el ‘corazón’ de la política pública y, sin él, queda solo una declaración de buenas intenciones, en el mejor de los casos. Por eso, la Defensoría insistió, a través de la prevención de ley, para que el ministro Zamora respondiera todo lo consultado. Pero el ministro de Seguridad tampoco respondió, y más bien cuestionó aspectos de procedimiento de este órgano de control de legalidad, evadiendo dar respuesta a los temas de fondo requeridos”, indicó la Defensoría.
Ante la Sala IV, la institución apeló al artículo 30 de la Constitución Política, el cual garantiza el acceso a la información pública.
Los magistrados acogieron el recurso para estudio y otorgaron un plazo de tres días a Zamora para que se pronuncie.
La Defensoría destacó que, recientemente, el ministro respondió parcialmente a algunas de las consultas planteadas por la entidad, pero esto ocurrió hasta el 25 de junio, un día después de que la Sala Constitucional le notificara sobre la interposición del recurso de amparo.
“La Defensoría considera lamentable que se deba recurrir hasta el órgano constitucional para que acceda a informar sobre la conducción de esta política pública, y que, aún así, lo haga de forma incompleta”, declaró Angie Cruickshank.
“Las políticas públicas son los mecanismos que permiten concretar las líneas maestras por donde encauzará el Estado sus esfuerzos para materializar y dar vigencia real y cotidiana a los derechos humanos; por su naturaleza y alcance, la Política Nacional de Seguridad Pública es información de un alto interés público que debe estar al alcance de toda la ciudadanía y de la Defensoría como órgano de control y supervisión, sin restricción alguna, para asegurar su cumplimiento”, concluyó la entidad.
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