La histórica multa multimillonaria impuesta por el Ministerio de Consumo a cuatro de las principales compañías "low cost" del país ha sido recurrida por todas ellas. De esta forma, Ryanair, Vueling, Volotea y easyJet han recurrido la sanción de Consumo por el cobro de un cargo extra a los usuarios que llevan una pequeña maleta, además del equipaje de mano en cabina. Así lo han confirmado fuentes de Ryanair y Vueling a LA RAZÓN.
A finales de mayo, Consumo filtró la sanción de 150 millones de euros que ha impuesto a estas cuatro compañías por, además de estos cobros, otras tres prácticas que considera ilícitas: el cobro por selección de asiento cuando se viaja con personas dependientes, como discapacitados y niños pequeños, que al igual que el asunto del equipaje de mano ha sido clasificado como infracción muy grave por Consumo; prohibir el pago en metálico en la compra de billetes en los aeropuertos y la "falta de transparencia en la información contractual" sobre precios, que dificulta la comparabilidad entre ofertas, ambas calificadas como graves.
Ryanair sería la aerolínea que habría recibido la sanción más severa. Según la asociación Facua-Consumidores en Acción, que promovió la denuncia, la multa a la compañía irlandesa ascendería a más de 100 millones de euros.
Con sus recursos, Ryanair inicia un camino que considera será "largo" para defender unos cobros que las aerolíneas consideran legales. La patronal de las aerolíneas, ALA, asegura que las prácticas comerciales como el cobro de maleta en cabina son perfectamente legales y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008, que es de obligado cumplimiento en los Estados miembros; y porque hay varias sentencias judiciales que también lo respaldan.
Una vez presentados los recursos, Consumo tiene tres meses para dar respuesta a estas aerolíneas. Si los desestima, estas podrán recurrir ante los tribunales, lo que podría demorar la resolución de la causa una larga temporada.
Desde las compañías han advertido de que, aunque algunas asociaciones de consumidores han instado a no pagar desde ya por este servicio, se seguirá cobrando dado que la resolución de Consumo no es firme y no lo será hasta que, si llega el caso, haya sentencia judicial al respecto.
La patronal también considera que aunque hubiera una hipotética sentencia contraria a sus intereses, es muy osado hablar de gratuidad por este servicio. "Es importante no engañarnos sobre la presunta gratuidad de los servicios si prospera la sanción. Nada es gratis y menos en una industria que en la mejor época de su historia -entre 2010 y 2019- generó un margen neto de beneficio del 3%", aseguró su presidente, Javier Gándara, en la asamblea general del sector celebrada a principios de junio.
Las compañías argumentan que si España impusiese de forma unilateral la obligación de no cobrar un cargo extra por el equipaje de cabina, "cerca de 50 millones de viajeros tendrían que empezar a pagar por servicios que no precisan, con el consiguiente impacto en la demanda y en la economía del país".
