"Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes", dicen en Ferraz
Desde el PSOE y el Gobierno se han mostrado muy cautos sobre la actuación del Tribunal Supremo que ha decidido hoy no amnistiar la malversación del "procés" ni levantar las órdenes de detención que pesan contra Carles Puigdemont. En el partido han evitado hacer una valoración pública cuando se conocía la información, coincidiendo con la rueda de prensa de Esther Peña en Ferraz e interpelada directamente por esta cuestión. En el PSOE han preferido distribuir posteriormente, a través de fuentes de la formación, las percepciones que les genera el fallo judicial.
Aunque los socialistas muestran su "respeto a las resoluciones judiciales", señalan que "discrepan" con los "argumentos de la decisión acordada" por el Alto Tribunal. Fuentes del PSOE dicen no entrar a valorar las "consideraciones políticas que ha hecho el Supremo", aunque inmediatamente las valoran como "sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada". "Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas", aseguran. En la dirección, aseguran, que no hay margen para volver a "tocar" la ley para subsanar estas fisuras.
Por ello, desde el partido del Gobierno "recuerdan" al Supremo cuál fue la voluntad del legislador, que queda "clarísima" en el artículo 1.4 de la ley de amnistía: "No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [el proceso independentista] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". Y también procede recordar que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE.
Después de todo esto, los socialistas aseguran que "la confianza en el Estado de Derecho de nuestro país es absoluta. España es un sistema garantista, que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales, tal y como ya han hecho otros tribunales como el TSJ de Cataluña". En este sentido, consideran "una buena noticia" que "no se cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE". "El TS no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia; además, el TS renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE", resuelven.
