Fechas comunes, formatos comunes para la prueba y criterios comunes para la corrección. Son los tres elementos en los que el PP basa su propuesta de Selectividad común con la que pretende corregir la “desigualdad de oportunidades” de los jóvenes españoles, según ha explicado hoy el partido en la presentación del modelo que implantarán el próximo junio en las 12 comunidades autónomas donde gobiernan, que aglutinan al 70% de los españoles.
El partido lleva meses criticando el modelo del PSOE, que según ellos se traslada en 17 exámenes distintos. Pero el PP también ha renunciado a la prueba única que vendió en hace unos meses y que fue criticada por inviable: con la mitad del currículum en manos de cada comunidad autónoma y, por tanto, diferentes contenidos, no se puede establecer el mismo examen, con las mismas preguntas, para todos, como admite ahora el PP. Lo que sí se puede, razona el partido de Alberto Núñez Feijóo, es “poner el mismo tipo de examen”.
¿Qué quiere decir esto? Lo ha explicado someramente Feijóo. “Los principales avances son: fechas comunes, formatos comunes para la prueba y criterios comunes para la corrección”. Desgranado: “Fechas comunes para el examen y para la publicación de las notas. Esto, que podría parecer un detalle menor, facilitará la movilidad de los alumnos. Hay comunidades cuyas universidades cierran sus preinscripciones antes de que alumnos de otras conociesen sus notas. Formatos comunes: las pruebas se efectuarán en el mismo orden, con la misma estructura, y se ponen en común el tipo de preguntas, de temas y de puntuaciones de cada una de las pruebas. Criterios comunes de corrección: se ha diseñado una matriz de especificaciones para planificar la estructura, la evaluación, de manera coherente con los currículums”.
El partido ha detallado su propuesta después a través de una nota. El sistema de corrección común, por ejemplo, incluye los mismos criterios y rebaja de puntos en función de los errores que se detecten, hasta un máximo de dos puntos por faltas de ortografía y un punto por errores de redacción, sintaxis o vocabulario (en Lengua, en los otros exámenes, la mitad).
A nivel estructural, el PP ha creado una “matriz de especificaciones” que define como “la herramienta que nos ha permitido la reorganización del currículo y poder concretar el contenido de la prueba. Actúa como un puente entre lo que se enseña y lo que se evalúa, asegurando que los exámenes reflejen adecuadamente los contenidos y habilidades que los estudiantes deben haber aprendido”.
Toda la plana mayor del partido se ha reunido este lunes en Salamanca para presentar su prueba, una de las apuestas fuertes del PP en materia educativa con la que pretenden confrontar al Gobierno, que acaba de aprobar la reforma más importante que ha sufrido la Selectividad en 40 años.
“Mismos contenidos evaluables, mismos criterios de corrección, mismo orden de examen, mismos días que se sepan las notas, mismo número de ejercicios”, había adelantado Esther Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP y madre de la propuesta. Después de ella, los distintos responsables populares se pasaron el acto criticando que el Gobierno ha impuesto una reforma sin contar con nadie y que no resuelve los problemas que tiene la Selectividad actual. “Han aprobado corriendo un real decreto, que no ha consensuado con nadie y que solo cambia el nombre de la prueba, mantiene los 17 modelos distintos, las diferencias en los criterios de evaluación y en los de corrección”. Este argumento popular obvia que el partido rompió con Educación y se levantó de la mesa donde se negociaba la reforma bajo el razonamiento de que el Gobierno no establecía una prueba única.
El PP remarca que su propuesta apunta a establecer una Selectividad “común”, que no “única” (aunque algún dirigente confundió los términos). Argumentan los populares que dado que el distrito universitario es el mismo para toda España, que todo el alumnado compite por todas las plazas, es de justicia que el examen sea lo más igual para todos.
Totalmente igual no será, porque el modelo educativo español, que deja la mitad de los temarios en manos de las comunidades autónomas, impide de facto hacer un examen único porque los contenidos no lo son. Pero sí tendrá elementos comunes, como los criterios de corrección (el más importante en términos de homogeneización), pero que ya está incluido también en la propuesta del Gobierno, y otras cuestiones menores: el orden de los exámenes, las notas se harán públicas el mismo día, etc.
El PP quiso darle fuste al acto –lleva seis meses trabajando en su propuesta– con la presencia de los barones arropando a Feijóo. Antes de desgranar la propuesta habían hablado los presidentes regionales populares. Empezó la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que dedicó su discurso íntegro a cargar contra las políticas educativas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ni una palabra a la Selectividad. Fue la única.
El resto, sin renunciar a las críticas al presidente, sí entró en el tema específico y defendieron la prueba común por “justicia” y la “igualdad de oportunidades”, para evitar las “17 pruebas, 17 criterios de corrección distintos”, según fueron comentando Marga Prohens (Islas Baleares), Jorge Azcón (Aragón), Carlos Mazón (Generalitat Valenciana), Fernando López Miras (Murcia), Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía) o Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León).
El Ministerio de Educación ya ha empezado a transitar este camino de la homogeneización. La reforma que ha presentado, que entra en vigor el próximo mes de junio, “cuenta con una estructura, unas características básicas y unos criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio”, ha destacado el Ministerio de Educación.
Los criterios de calificación y corrección incluirán, entre otros, parámetros que permitan valorar aspectos como la adecuación a lo solicitado en el enunciado, la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación. Según explica el catedrático Juan Manuel Moreno, la mayor diferencia en la corrección probablemente esté (no hay datos que lo confirmen) entre tribunales, más que entre comunidades autónomas.
Formalmente, la nueva prueba, que arranca en junio del año que viene, tendrá entre cuatro y nueve exámenes de hora y media de duración, reduce las posibilidades de elegir preguntas respecto al actual y establece que en los ejercicios escritos el estilo y la ortografía contarán como mínimo un 10% de la nota, entre otras novedades. A nivel de contenidos, se propugna un cambio para pasar del actual modelo, más memorístico, a otro en torno a las competencias, como establece la Lomloe.
En global, es el mayor cambio que sufre la Ebau en más de 40 años de existencia, aunque en opinión de muchos el cambio propuesto por el Gobierno no revoluciona la prueba. Lo que más conseguirá, explican algunos directores, es implantar la enseñanza por competencias que propugna la ley y que por el momento está costando bajar a las aulas, especialmente en las etapas superiores.
