La Fiscalía de Córdoba ha abierto diligencias de investigación por el caso del contrato de un t rabajador que estuvo varios meses cobrando del Ayuntamiento de Pozoblanco sin acudir a trabajar. El Ministerio Público investiga al Gobierno municipal por un presunto delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación, según ha confirmado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia a ABC. La denuncia de la Fiscalía de la que se ha dado traslado a un Juzgado de Pozoblanco parte de otra anterior del grupo municipal del PSOE en esta localidad del norte de la provincia donde se exponía que un trabajador contratado, a través de un plan de apoyo al empleo de la Junta, estuvo cobrando varios meses sin trabajar. Se da la circunstancia de que este trabajador es hijo de la secretaria particular del alcalde, Santiago Cabello (PP). El concejal socialista denunció ante la Fiscalía que ha decidido dar traslado de las mismas al juzgado por presuntas irregularidades en la contratación de una persona a través de planes de empleo de la Junta de Andalucía, y que ha terminado en una comisión de investigación. El portavoz del grupo municipal socialista, Rafael Villarreal, fue el que presentó el caso ante el Ministerio Público alentado dijo por el propio regidor en el Pleno que «nos animaba a que, si veíamos indicios, acudiéramos con lo sucedido a los juzgados». Villarreal aseguró entonces que habían dado este paso «por mera responsabilidad política, porque había que hacerlo». Para los socialistas, se han producido « hechos de gravedad que podrían ser delito». Eso defendía el portavoz socialista, que añadía en el momento de justificar esta denuncia que esos extremos « no se pueden ver en una comisión de investigación» , cuya creación aprobó a finales de enero por unanimidad el Pleno y que se formalizó a instancias del PSOE e IU. «Nosotros pedimos la comisión para escuchar las explicaciones del alcalde e implicados y porque era la única vía de acceso a la información , pero seguimos sin recibir parte de ella», alegaba entonces. Esta controversia le ha costado el puesto al edil de Empleo, Gerardo Arévalo, quien fue expulsado, además, del grupo municipal del PP. Los populares lo justificaron por «su incapacidad manifiesta para trabajar en equipo, así como los continuos enfrentamientos y faltas de respeto que ha mantenido con distintos compañeros del grupo». Gerardo Arévalo replicó que el regidor conocía lo sucedido con la situación de este trabajos desde el principio y que él, cuando ostentó la Concejalía de Empleo, sólo intentó «que no hubiera irregularidades»
