El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que comparecerá el próximo 17 de julio en el Congreso para presentar la propuesta del Ejecutivo de regeneración y calidad democrática, que recogerá propuestas como la publicidad institucional en los medios de comunicación y la financiación pública que reciben.
“Vamos a modificar el derecho al honor, a la rectificación, y una de las propuestas es la modificación de la ley de publicidad institucional”, ha explicado Sánchez, en una entrevista para la Cadena Ser. Según ha indicado el presidente, esta norma no incorpora fenómenos como la digitalización de la información y los medios digitales, por lo que ha considerado “importante” seguir el ejemplo de Europa e incorporar “transparencia en la financiación con recursos públicos” de pseudomedios digitales y tabloides. “Lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos como en algunos gobiernos de la derecha y la ultraderecha”, ha criticado.
Otro de los puntos que pretende tratar el Gobierno de coalición es el dinero máximo proveniente de la financiación pública dirigido a medios y páginas web. “Hay medios que solo tienen recursos públicos, no tienen lectores”, ha criticado el socialista. “Eso pone en riesgo su independencia”.
Después de presentar la propuesta, ha indicado Sánchez, se abrirá una ronda de consultas con “todas las fuerzas parlamentarias que quieran participar” del plan de acción y a la vuelta del verano se pondrán en marcha las medidas legislativas pertinentes. Algunas de ellas ya se están trabajando con Sumar, aunque a partir del 17 de julio será cuando se escuchen las ideas de los grupos. “Va a reforzar nuestra democracia”, ha indicado el presidente.
Sobre los bulos y la desinformación de estos pseudomedios, Sánchez ha lamentado que están haciendo “daño a la convivencia y al correcto funcionamiento de sociedades democráticas” y que abren “las puertas” a fenómenos como los nuevos grupos de extrema derecha.
Desde el pasado mes de mayo, los socios parlamentarios del Gobierno han estado presionando a Pedro Sánchez para que cerrase estas medidas de regeneración democrática después de que las anunciara tras su pausa de cinco días. Tanto Sumar como ERC, Junts y EH Bildu llevan este tiempo esperando que el plan comenzara a tomar forma y despegara oficialmente.