La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión a la agitadora ultra Cristina Seguí por tres presuntos delitos contra la intimidad, con la circunstancia agravante de discriminación por orientación sexual, al haber proporcionado en un video emitido en un canal de ultraderecha en Youtube “datos de identidad” de una menor tutelada por la Generalitat Valenciana y del matrimonio acogedor de la niña. Seguí, fundadora de Vox en València, fue juzgada recientemente por haber difundido imágenes de menores víctimas de una agresión sexual grupal. La agitadora ultra publicó un video el 4 de noviembre de 2022 en el que “se proporcionan datos de identidad tanto de la menor como de la pareja acogedora” —un matrimonio homosexual—, incluyendo “tanto sus nombres y apellidos como la profesión y cargo de uno de ellos y el lugar de su residencia”. También lanzó “comentarios despreciativos por razón de su orientación sexual”, según indica el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía al que ha tenido acceso elDiario.es.
Se trata de una menor en situación legal de desamparo cuyo acogimiento está inmerso en media docena de procedimientos judiciales impulsados por los abuelos paternos, incluyendo una querella contra la Conselleria de Igualdad. Seguí, en un mensaje en la red social Twitter (actualmente X), afirmaba que la “bebé robada” fue “entregada ilegalmente a una pareja LGTBI amiga de [Mónica] Oltra” y uno de cuyos componentes ostenta un cargo local en el PSPV-PSOE. Este periódico omite la identidad del matrimonio y la localidad donde residen para proteger la intimidad de la menor.
La agitadora ultra, según la Fiscalía, “aventuraba” en la tertulia de Estado de Alarma que se trataba de un “experimento con miras a repetirlo en otros casos”. Así, el video publicado en la red social “muestra no solo la imagen de los acogedores de la menor (...) sino también de la niña, haciendo pública la identidad que tenía bajo su guarda a la menor incluso publicando una imagen velada de la niña”.
El video tuvo decenas de miles de reproducciones. “Estamos hablando de tráfico o supuesto tráfico de menores. Estamos hablando de una trama institucional que podría estar regalando bebés, entregando bebés, a cargos orgánicos y a miembros afines, a colectivos afines a sus votantes como pago, como prebenda (...)”, afirmaba Seguí en el video. La acusada enmarcaba los hechos en un supuesto “experimento de ingeniería social”.
Los dos hombres se vieron “gravemente afectados en el desarrollo de su vida diaria y de sus relaciones con la menor”, según reza el escrito de acusación. Incluso tuvieron que “cambiar de dirección y de vehículo”, recuerda el Ministerio Público.
La Fiscalía, además de la pena de cuatro años y medio de prisión, pide para Seguí la prohibición de aproximación a 500 metros y de comunicación tanto con la menor como con el matrimonio por un periodo de cinco años. También pide la prohibición del acceso a X durante el mismo periodo, así como el “decomiso de los contenidos publicados”. Finalmente, el Ministerio Fiscal solicita una responsabilidad civil de 36.000 euros a abonar a los componentes del matrimonio.
El escrito de la acusación particular incide en que Seguí “desveló datos existentes en un procedimiento de protección de menores” y “realizó diversos comentarios aludiendo a la aberración de dar niños en adopción a parejas LGTBI”. Al anunciar su “exclusiva”, procedió a “inundar las redes incitando al odio hacia el colectivo LGTBI”, agrega. Y al revelar la identidad de uno de los acogedores de la niña, del que dio datos personales como el nombre, apellidos, profesión y lugar de residencia, “vulnera gravemente el interés e intimidad de la menor”. El matrimonio acusa a Seguí por los mismos tres presuntos delitos contra la intimidad pero en concurso con un presunto delito de odio.
Con la publicación del video “propició que se viertan comentarios homófobos”, según las conclusiones provisionales. La pareja acogedora recibió un “sinfín de descalificativos y comentarios homófobos, cargados de odio y amenazas”, afirma el escrito. Además, en un programa televisivo de César Vidal, la agitadora ultra “vuelve a dirigirse con carácter despectivo contra el colectivo LGTBI” y contra el acogedor. El escrito recuerda que el video fue publicado por segunda vez por Seguí, alcanzando las 41.000 reproducciones. También fue difundido por el perfil de Estado de Alarma, con 31.000 visualizaciones.
El juez, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de València, dictó el auto de procedimiento abreviado el pasado 16 de abril. La resolución relata que una dirección territorial de la Generalitat Valenciana encargada de menores tuvo conocimiento de las publicaciones de Seguí y consideró que se estaba atentando contra la integridad tanto física como moral de la niña y de otros menores tutelados.
En el mensaje de la agitadora ultra “se realizan una serie de manifestaciones que atentan contra el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, fomentando el odio contra” la dirección territorial de la Generalitat Valenciana, “sus funcionarios y su labor de garante de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (...) y contra el colectivo LGTBI, tal y como se refleja en los más de 500 comentarios del post”, indica el auto.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, ya que “atentan” contra la integridad “tanto física como moral de la niña (...) al revelar no solo su imagen personal sin consentimiento de la entidad tutora de la niña sino estigmatizándola públicamente con afirmaciones como niña robada, niña tutelada, niña en una pareja LGTBI, que afectan a su desarrollo emocional y atentan contra su interés superior”, concluye el auto del juez instructor.
