Este lunes es un día clave para el futuro de más de 13 millones de trabajadores en España. El ministerio de Trabajo y los agentes sociales vuelven a la mesa de negociación para la reducción de la jornada laboral con un ambiente tenso y la sombra de una suerte de ultimátum planeando sobre las conversaciones. El pasado lunes, al término de la reunión que vienen celebrando semanalmente para acelerar la puesta en marcha de esta medida, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reclamó a la patronal una propuesta por escrito antes del día de hoy y advirtió que, de no ser así, tendrían que “tomar alguna decisión”.
El líder de la patronal, Antonio Garamendi, ya había señalado días antes que la negociación no se estaba englobando dentro del diálogo sino en el “monólogo social”. “Si ellos tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan y no estaremos de acuerdo. Y el día que haya un cambio de Gobierno, pediremos que se cambie”, llegó a decir. A la espera de saber si finalmente los empresarios presentarán una propuesta por escrito, las últimas declaraciones no apuntan en esa dirección. “Aplique el día 1 lo que tenga que hacer”, retó al Ejecutivo.
En las últimas semanas, las patronales han centrado parte de sus argumentos en el efecto de la reforma de la jornada laboral máxima en los pequeños empresarios. “La pregunta es cómo van a ser capaces de aguantar este tirón”, señaló Garamendi. Este lunes, la Confederación Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) presentará al ministerio y los sindicatos un documento en el que desgranan el impacto de la medida.
En el documento, donde no se aporta ninguna propuesta para facilitar el tránsito hacia las 37,5 horas semanales máximas en 2025, como habían reclamado tanto el ministerio como las organizaciones sindicales, la patronal estima un coste directo de unos 11.800 millones de euros para estas empresas —por tener una referencia, la deuda de morosos con Hacienda, conocida este viernes, se sitúa en los 15.237 millones—, por la reducción de tiempo de trabajo sin merma salarial; uno asociado de 42.400 millones; y 30.600 millones más por la pérdida de la productividad.
Y es en la productividad donde está la piedra angular de los argumentos de Cepyme. “Se sitúo en el primer trimestre de 2024 un 3,3% por debajo que hace un año y todavía se mantiene por debajo de los registrado en 2015”, indica el informe, mientras las pequeñas y medianas empresas “siguen estando entre las menos rentables de la Unión Europea”. Según los datos de la patronal, en 2022 la rentabilidad sobre ventas de las pequeñas compañías se situaba en España en el 6,1%, por delante de Italia (5,9%) y Croacia (4,2%) pero por detrás de otros países como Bélgica (13,6%), que tiene una jornada semana máxima de 38 horas en cómputo anual; Portugal (8,8%), con 40 horas; o Francia (7,2%), con 35 horas semanales.
“Estamos en un momento en el que la economía española está creciendo, en buena parte por le crecimiento de la población. Este ha sido de un 3,6%, mientras el PIB ha aumentado un 4%”, señalan fuentes de Cepyme, que lamentan que la situación de la productividad es “francamente mejorable”. Pese a estas predicciones, la economía española ha crecido en el primer trimestre del año un 0,8%, por encima de las previsiones del propio Ejecutivo, en parte por el despertar de la inversión de las empresas y la fortaleza del sector exterior, con el turismo y las exportaciones de otros servicios.
Al otro lado, el Ministerio considera que la productividad de las empresas en los próximos años aumentará y debe hacerlo, además, “fruto de la innovación y no de la explotación”. Y, en ese marco, ha ratificado su compromiso con el acuerdo de coalición que incluía la reducción de la jornada laboral máxima semanal a las 38,5 horas este año y a las 37,5 para 2025. “El Gobierno de coalición tiene un compromiso con sus ciudadanos”, dijo Pérez Rey, que lamentó que “prácticamente seis meses después de que la mesa del diálogo social para la reducción de la jornada laboral comenzase sus trabajos, no hay una sola propuesta por escrito” de los empresarios.
Hace un par de semanas, Trabajo cogió las riendas de la negociación, al constatar que las conversaciones bipartitas entre sindicatos y patronal no llegaban a buen puerto. Fuentes empresariales indican, no obstante, que aquella mesa a dos bandas estaba “funcionando”. Desde el ámbito sindical indican que fueron ambas partes las que “tras varias reuniones discretas” llegaron a la conclusión de punto muerto. Más allá de constatar la necesidad de que la implantación de la medida fuera transitoria, ni siquiera se había abordado la otra pata del posible acuerdo: las mejoras en el registro horario que el Gobierno pretende introducir para evitar que lo que se regula por un lado se cuele por la vía de las horas extra. De hecho, Trabajo se ha comprometido a que la reducción de la jornada normal no se hará en favor de la extraordinaria, ahora con un máximo de 80 horas extra al año. La Inspección de Trabajo detectó en 2023 un total de 14.292 infracciones en la jornada y horas extras, que afectaron a 147.861 personas.
Para los empresarios, “la forma menos dolorosa” de llevar a cabo la reducción de la jornada laboral en aquellos sectores o empresas que no tienen ya una disminución de sus horas semanales por convenio sería “ir incorporándolo según se vayan abriendo los convenios”. “Sería lo lógico, para hacerlo de una forma más racional”, señalan las fuentes consultadas. Pero esto podría alargar en el tiempo el aterrizaje para aquellos trabajadores que aún no se han visto beneficiados por estas negociaciones, en torno a unos 13,5 millones en total.
En España, la jornada laboral media se sitúa en algo más de 38 horas semanales, pero hay sectores donde se mantienen o se rozan las 40 horas. En hostelería y comercio, por ejemplo, más del 95% de los asalariados trabajan más de 37,5 horas y media, mientras Telefónica acaba de firmar un acuerdo con los sindicatos para reducir a 36 horas de aquí a 2026 la jornada de sus trabajadores. “Las empresas y sectores que han podido reducir de manera coherente con su actividad, ya lo han hecho”, señalan fuentes de Cepyme, que consideran que “no hay ningún motivo para pensar que la tendencia (de bajada vía convenio) de las últimas décadas se vaya a frenar”.
Entre los trabajadores que más se beneficiarán con la reducción de la jornada se encuentran los empleados en pymes de sectores como información y telecomunicaciones, transporte y almacenamiento, comercio, hostelería e industrias extractivas.
A la espera de la respuesta de la patronal, este lunes, están también los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que ya advirtieron la semana pasada que la propuesta de Trabajo cumple con sus expectativas y que “se acaba el tiempo” para conocer las propuestas de la patronal. “Tiene que responder, primero, si está dispuesta a negociar” y “después qué requisitos necesitan para formar parte del acuerdo”, señaló el vicesecretario de política sindical de UGT, Fernando Luján. Hace un par de semanas, la vicesecretaria confederal de acción sindical de Comisiones, Mari Cruz Vicente, indicaba que no parecía “fácil” que los empresarios se sumasen al acuerdo, pero dejaba la puerta abierta: “Hemos vivido periodos muy convulsos y hemos podido llegar a un acuerdo”. De hecho, hace apenas unos días, Trabajo y los agentes sociales firmaron un acuerdo para la protección contra la discriminación de las personas LGTBI en las empresas.
Con la firma de los sindicatos prácticamente garantizada, un posible, y a estas horas complicado, se produzca o no un acuerdo con la patronal, el Ejecutivo deberá afrontar el siguiente escollo, el visto bueno de una mayoría parlamentaria no siempre sencilla con el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Por ello, las organizaciones sindicales ya han avanzado su intención de trabajar para “pedir el respaldo” de los grupos.
