La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió al anuncio realizado por su padre Alberto Fujimori sobre su intención de postularse en las próximas elecciones, a pesar de existir un impedimento legal y constitucional para ello. Ante esta situación, la excandidata presidencial calificó este tema como un "debate legal" en el que se encuentran posturas a favor y en contra. Afirmó que serán las autoridades electorales las encargadas de determinar la viabilidad de una eventual candidatura.
"Mi padre es inocente de los cargos por los que se le han sentenciado, pero más allá de mi posición, hay un debate legal y lo entiendo, lo he estado siguiendo. Hay posturas a favor, como la del Dr. Nakazaki, y en contra, como la del Dr. Aníbal Quiroga. Yo no soy abogado, por lo tanto, me corresponde ser prudente y permitir que este debate se siga dilucidando. Serán las instancias electorales las que finalmente definan esta posibilidad. Sin embargo, esperamos que a mi padre se le respete el derecho a elegir y ser elegido", declaró a Canal N.
Respecto a si Alberto Fujimori buscaría retornar a la presidencia de la República después de más de 20 años, o si optaría por un lugar en el Senado: “Todas las posibilidades están abiertas. Más adelante, en el seno de la familia, él expresará cuál es su voluntad y ya en el partido veremos los mecanismos”.
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Sobre su avanzada edad y su estado de salud, asegura que el expresidente se encuentra en el perfecto uso de sus facultades mentales para poder buscar un alto cargo de elección popular: 'La militancia está muy entusiasta y creo que el pueblo fujimorista ha cerrado filas al ver a mi padre inscribirse nuevamente en un partido político. Él está absolutamente lúcido, es verdad que tiene enfermedades que viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pero tiene una gran fortaleza'.
En el 2018 se promulgó la Ley 30717, la cual modificó la Ley Orgánica de Elecciones para promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos. Se determinó que no pueden postular a la presidencia o vicepresidencias de la república aquellos que, “por su condición de funcionarios, son condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso”.
Los delitos que se encuentran incluidos son colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Este impedimento se mantiene, pese a que se considere que el condenado hubiese sido rehabilitado.
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Más aún, en septiembre del 2020 se promulgó una Ley de reforma constitucional promovida en el Congreso, que incorporó el artículo 34-A de la Constitución, el cual indica que están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de un delito doloso. Esta es más restrictiva porque toma en cuenta las sentencias en primera instancia. Esto debería aplicarse de cara a un eventual intento de candidatura de Alberto Fujimori.
