José Luis Rodríguez Álvarez es el tercer presidente que ha tenido el organismo independiente encargado de canalizar el derecho de los ciudadanos a conocer qué hacen las administraciones estatales y de las regiones que no tienen una entidad homóloga propia. Demanda más medios para un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que nació con el «pecado original» de la falta de inversión y recursos humanos. A España solo le falta, insiste en esta conversación, adaptar a legislación a las necesidades que han ido apareciendo en los nueve años de historia del ejercicio de este derecho en nuestro país, que recoge la Constitución en su artículo 105.
¿Se han sentido solos?
No, nunca, porque nuestra función es actuar con independencia y objetividad, y actualmente existe un fuerte compromiso con la transparencia. El grado de compromiso es distinto en cada administración y según quién sea el responsable. Cuando se reprocha, generalizando, que hay falta de acceso a información pública, no se está siendo justo con algunas administraciones. Interpretamos y aplicamos la Ley de Transparencia, aunque nuestras decisiones muchas veces no son cómodas. Somos conscientes, y, por ello, ponemos empeño en razonar bien para convencer a quien no ha entendido cuáles son sus obligaciones, qué exigencias impone la ley y tiene que cumplir.
El incumplimiento de sus resoluciones está en el 7 por ciento, ¿es aún intolerablemente alto?
Hay un porcentaje alto de resoluciones que se cumplen en la Administración General del Estado, pero sigue existiendo un promedio del 11 por ciento que no. En las autonómicas, provinciales y locales, el incumplimiento es mucho mayor. La administración central no debería de incumplir resoluciones del Consejo. Son vinculantes y si se transcurre dos meses sin ser recurrida en los tribunales, se convierten en firmes y, por tanto, son de obligado cumplimiento. No hay justificación para que no se ejecuten.
¿Pero tiene consecuencias jurídicas la falta de cumplimiento?
Sí, la Administración está obligada a cumplir en un plazo, pero el Consejo no puede intervenir coercitivamente. El reclamante es quien con una resolución favorable puede acudir a lo Contencioso-Administrativo y exigir responsabilidades. Es disuasorio porque lleva aparejado gasto y riesgo ya que hace falta abogado y procurador. Nosotros solo litigamos con la Administración cuando nos impugnan decisiones. La ley no nos permite ir a los tribunales para exigir el cumplimiento de una resolución. Que la administración recurra nuestras resoluciones es legítimo. No lo es que ni se recurran ni que se ejecuten, que es el porcentaje de las que no consta cumplimiento.
Y cómo propone que se debiese solventar esta indefensión.
Habría que permitir que los ciudadanos pudiesen acceder a lo Contencioso-Administrativo con procedimiento sumario y gratuito al tener una resolución favorable de un órgano garante que le ha reconocido el derecho a que la administración le de acceso a la información que pide. Es una falla del sistema y uno de los asuntos principales a abordar en la reforma de la Ley.
¿También con multas?
Hace falta un régimen sancionador administrativo y que el Consejo tenga poderes coercitivos para obligar. Las sanciones tienen que estar reservadas para los asuntos más graves de incumplimiento reiterado porque es muy complejo de aplicar. Un régimen administrativo tiene muchas ventajas frente al judicial por lo complejo, las garantías, el tiempo y la frustración que lleva aparejado el segundo. La propia administración incumplidora es la que se debe imponer la sanción, el resultado es que no hay ningún caso en que se haya aplicado una sanción hasta el presente.
¿Es mayor el incumplimiento de las Comunidades que dependen de este Consejo?
Mucho más alto, actualmente del 40 por ciento. La mayor parte son de ayuntamientos pequeños. Lo calificamos como que no consta cumplimiento porque es lo que sabemos, pero no podemos decir que no se ha cumplido. Se da el caso de cumplimiento, pero no se nos ha comunicado. Hay mucho más retraso en la contestación y silencio administrativo en el ámbito local que la general. También desconocimiento sigue existiendo, pero debiera ser menos diez años después de la aprobación de la ley, es más un problema de medios y formación. Hay un déficit en los ministerios a la hora de motivar razonadamente de los casos en que deniega información o se aplica un límite o causa de inadmisión. La falta de medios y escasos conocimientos provoca que la cultura de la transparencia en nuestro país no haya penetrado aún adecuadamente en el conjunto de las administraciones.
¿Cree que hay políticos que consideran que hacer pública información sobre su gestión no les beneficia y puede dar pie a críticas?
La información es un gran activo en el debate público y la participación política y, precisamente por ello, se ha ido desarrollando el principio de transparencia y el derecho a que sea pública. Distinto es si la información que se obtiene por estos cauces después se utiliza con criterios de rigor, es otro contexto. El coste en erosión de no dar la información es mayor que darla porque existe la obligación.
¿Cada vez más ciudadanos presentan solicitudes?
En los últimos años ha habido una tendencia alzista, ahora un cierto freno en el crecimiento, aunque parece que vuelven a llegar más reclamaciones. En términos generales hay un crecimiento anual sostenido y lo que sí está creciendo también es el número de solicitudes y, consecuentemente, el de reclamaciones. Esto nos ha obligado a fortalecer el equipo e intentar conseguir más presupuesto con las dificultades que ello lleva aparejado.
¿Habrá reforma de la Ley de Transparencia esta legislatura?
Hay trabajos muy avanzados que quedaron de la anterior que se están retomando y debería aprovecharse para culminar la reforma. Me ofrece esperanzas que en los programas del PP y PSOE figura la reforma de la ley para mejorarla. Confío en que se cumpla, aunque no lo veré como presidente porque mi mandato caduca en 2025. No debería llevar más de año preparar el anteproyecto y un año más la tramitación parlamentaria.
En esta última década de actividad del Consejo, ¿cómo ha cambiado el sistema?
Teníamos un sistema muy rudimentario de transparencia, había obligaciones, pero para ámbitos muy concretos, como el medio ambiente. No había, como ahora, un principio transversal por ley. El cambio más importante se ha producido en el derecho de acceso a la información pública, antes se reconocía acceder a documentos que estuvieran en archivos o registros, además había que motivar la petición. El gran cambio es el reconocimiento del derecho muy amplio a todo tipo de información pública y contenidos o documentos que obren en poder de las administraciones públicas. Además, lo reconoce a cualquier persona sin distinción de si es física o jurídica, nacional o extranjero. Lo tercero es que ya no se exige motivación. La ley establece un principio general favorable al acceso porque, como regla, si la información existe, hay que darla, solo hay causa de inadmisión o límite que deben ser interpretados de forma restrictiva y cuando se aplican hay que justificarlo.
El Supremo ha dicho que cuando se deniega es muy necesario que haya una justificación suficiente de las razones por las que se aplica el límite. Otro problema es que no hay sistema moderno de gestión de la información, lo que hace mucho más difícil encontrar lo que se solicita y preparar la anonimización de la información y cumplir de manera más eficaz con las obligaciones de transparencia y las solicitudes. Abogo porque se implante la filosofía de la transparencia desde el diseño y por defecto, que cuando se este generando información en la administración, se esté pensando en que debe ser accesible al público. Ahí se pueden introducir configuraciones con los metadatos en términos que sean objeto de límites o no.
